Xalapa, Veracruz.— El escándalo que envuelve al Instituto Nacional Electoral (INE) y los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos obligan a revisar mucho más que una oficina o un funcionario: deben investigarse las estructuras financieras, administrativas y las posibles redes de complicidad que, de acuerdo con el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, podrían extenderse a distintos organismos electorales del país.

El legislador de Morena consideró que la comparecencia del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, ante diputados federales, junto con la participación de instancias de control, evidencia la dimensión que ha adquirido la controversia y la necesidad de esclarecer los vínculos señalados alrededor de las presuntas irregularidades.

En entrevista, Huerta sostuvo que la construcción de instituciones capaces de garantizar elecciones confiables y votos correctamente contabilizados representó décadas de esfuerzo ciudadano y político. Por ello, calificó como especialmente delicado que ahora existan cuestionamientos sobre la operación administrativa y el destino de los recursos destinados a sostener la estructura electoral.

La revisión, puntualizó, no debe limitarse al INE. También debe alcanzar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las entidades federativas, incluido el de Veracruz, para determinar si existieron relaciones contractuales, financieras o administrativas que ameriten investigaciones.

VERACRUZ, BAJO LA EXIGENCIA DE RENDIR CUENTAS

Uno de los señalamientos más relevantes del senador estuvo dirigido a las autoridades veracruzanas, al considerar que la entidad tendrá que ofrecer explicaciones detalladas sobre cualquier posible vínculo con las redes de corrupción que se investigan.

Huerta insistió en que la fiscalización debe revisar no solamente las operaciones recientes, sino también ejercicios anteriores, contratos y funcionarios que pudieron haber participado en los mecanismos bajo sospecha.

Advirtió que las investigaciones deben alcanzar todos los niveles de responsabilidad y evitar que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes aparecen en la primera línea del escándalo.

En ese contexto, mencionó a José Alfredo Hernández Casillas y exigió que se investiguen las presuntas redes de corrupción y colusión con distintas entidades federativas que atribuyó a este entramado.

El senador consideró que no puede quedar impune lo que calificó como una traición a la democracia, aunque subrayó que será el resultado de las investigaciones el que permita establecer responsabilidades.

UNA ESTRUCTURA QUE, SEGÚN HUERTA, DEBE INVESTIGARSE DESDE HACE DÉCADAS

El legislador también cuestionó el prolongado silencio de los mecanismos de fiscalización y de los órganos internos de control, al preguntar por qué las posibles irregularidades no fueron advertidas oportunamente, pese a que ahora se habla de operaciones por miles de millones de pesos.

A su juicio, las indagatorias deben reconstruir el origen y la evolución de los vínculos que presuntamente permitieron la continuidad de estas prácticas durante distintas administraciones.

Incluso situó los antecedentes de estas estructuras desde las primeras etapas de organización del sistema electoral moderno, al hacer referencia al periodo de Emilio Chuayffet al frente de la Dirección General del Instituto Federal Electoral (IFE), entre 1990 y 1993.

Se trata de señalamientos del legislador que deberán contrastarse con documentación, auditorías y resoluciones de las autoridades competentes.

REFORMAS Y RESPONSABILIDADES, DOS FRENTES DE LA CRISIS

Huerta reconoció que el inicio del proceso electoral limita temporalmente la posibilidad de impulsar modificaciones legales que tengan impacto inmediato en su desarrollo. Sin embargo, sostuvo que eso no debe convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.

Consideró que la Cámara de Diputados tendrá un papel importante en la definición de los siguientes pasos institucionales, incluida la determinación sobre la presidencia del Consejo General del INE, mientras continúan las investigaciones de las distintas autoridades involucradas.

Finalmente, recordó la participación de Cuauhtémoc Cárdenas en la transición política del país y ubicó en 1988 un momento determinante para el avance democrático mexicano.

La discusión, en palabras del senador, va más allá de un conflicto entre funcionarios: está en juego la credibilidad de las instituciones encargadas de organizar las elecciones. Y si las investigaciones confirman irregularidades, la exigencia de rendición de cuentas tendrá que alcanzar también a los organismos electorales estatales, incluido el de Veracruz.

Redacción Reportaje Veracruzano