Piden investigar al director del Cereso de La Toma por presunto acoso sexual
Amatlán de los Reyes, Ver.– Una visitante del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Toma denunció presuntos actos de acoso y hostigamiento sexual que atribuye al director del penal, Marco Antonio Serna Rosero, y solicitó su separación del cargo mientras se investigan los hechos.
De acuerdo con el señalamiento, los acontecimientos habrían ocurrido el pasado 8 de noviembre, cuando la mujer acudió al centro penitenciario para visitar a un amigo que se encuentra privado de la libertad.
En su denuncia, la afectada refiere que el funcionario presuntamente se habría acercado de manera inapropiada y ejercido presión para que accediera a sus pretensiones, condicionando supuestamente la autorización de la visita familiar.
Como parte de las acciones emprendidas, el 10 de noviembre fue presentado un escrito dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, cuya recepción quedó asentada en la Coordinación de Atención Ciudadana de la Oficina de la Gobernadora, con el folio 014140.
En el documento se solicita la intervención de las autoridades para investigar los hechos y aplicar medidas preventivas contra el personal que resulte responsable del centro penitenciario.
La denunciante también habría recurrido al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de que se investigue el caso y se determinen posibles responsabilidades.
Entre sus peticiones se encuentra la separación del director mientras se desarrollan las investigaciones, el inicio de un procedimiento administrativo y la implementación de medidas de protección para evitar posibles represalias.
Los señalamientos contra Serna Rosero se suman a otros cuestionamientos públicos sobre presuntas irregularidades al interior del penal de La Toma, entre ellos denuncias periodísticas relacionadas con supuestos cobros ilegales a personas privadas de la libertad y sus familiares, acusaciones que tampoco cuentan con una resolución pública que determine responsabilidades.
Hasta el momento no se ha localizado un posicionamiento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública ni una respuesta pública de la Oficina de la Gobernadora sobre esta nueva denuncia.
Los hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes, bajo el principio de presunción de inocencia y garantizando la protección de la denunciante.
