Un alcalde bajo escrutinio: despojo, poder y silencio en Orizaba
Una investigación revela cómo Juan Manuel Diez Francos enfrenta acusaciones de abuso de autoridad y complicidad en un desarrollo urbano irregular, mientras los exobreros de Virita S.A. claman justicia.
Orizaba, Veracruz — 8 de abril de 2025. En el corazón de las altas montañas de Veracruz, donde una cadena montañosa custodia una historia de lucha obrera y resistencia, un nuevo capítulo de conflicto emerge con un protagonista inesperado: Juan Manuel Diez Francos, el longevo alcalde de Orizaba. Conocido por su férreo control político y una gestión que ha oscilado entre el elogio por el orden y las críticas por su autoritarismo porfirista, Diez Francos enfrenta ahora una tormenta legal que amenaza con desmantelar su imagen de intocable.
Una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, bajo la carpeta de investigación 131/2025, lo acusa de orquestar el despojo de un terreno adjudicado a exobreros de la extinta empresa Virita S.A., un acto que, según los afectados, destila abuso de poder y desprecio por la legalidad.
El caso, que apenas comienza a resonar en los corredores judiciales y en las calles de esta ciudad de aire colonial, no es un incidente aislado, advierte Jesús Francisco Hernández Morales, el asesor jurídico de los extrabajadores. En una rueda de prensa convocada el pasado lunes, Hernández Morales no titubeó:
“Esto es solo el preludio. Habrá más acciones legales contra el alcalde y quienes lo han respaldado en esta afrenta”.
Sus palabras, cargadas de una mezcla de indignación y certeza, pintan un cuadro inquietante: un gobierno municipal que, lejos de proteger los derechos de sus ciudadanos, habría facilitado un desarrollo urbano irregular en un predio que no le pertenece, pisoteando resoluciones judiciales y el sudor de quienes lo reclamaron legítimamente.
Una herencia obrera bajo asedio
La historia se remonta a un triunfo laboral que hoy parece burlado. Los exobreros de Virita S.A., una empresa que operó una hidroeléctrica en la región, ganaron un prolongado juicio contra la compañía tras su cierre. Como resultado, la Junta Especial número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje les adjudicó un terreno colindante entre los municipios de Orizaba e Ixhuatlancillo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
Era, en palabras de uno de los afectados, “una victoria que nos costó años de lucha, un pedazo de justicia para nuestras familias”. Sin embargo, esa justicia se desvanece bajo el rugido de maquinaria y el trazo de una calle conocida como Prolongación de Norte 5, construida sin un ápice de autorización legal, según los denunciantes.
Hernández Morales no escatima en detalles:
“El ayuntamiento de Orizaba otorgó permisos de construcción, instaló drenaje, agua y luz, y permitió asentamientos en un terreno que no es suyo. Esto no es un error administrativo; es un delito grave, un despojo premeditado”.
Los documentos presentados por el abogado muestran que las autoridades de ambos municipios estaban al tanto de la titularidad del predio, lo que convierte su silencio —o su complicidad— en un agravante.
“No pueden alegar ignorancia”, sentencia Hernández Morales. “El alcalde sabía exactamente lo que hacía”.
El modus operandi de Diez Francos
Juan Manuel Diez Francos no es un novato en el juego del poder. Con un historial que incluye múltiples periodos al frente de Orizaba, su administración ha sido celebrada por algunos como un modelo de desarrollo y seguridad en un estado azotado por la violencia. Pero tras el brillo de las calles limpias y los festivales culturales, emergen sombras que cuestionan el costo de su legado.
Fuentes cercanas al caso, que pidieron anonimato por temor a represalias, sugieren que el despojo de los exobreros no es un hecho aislado, sino parte de un patrón. Rumores de irregularidades en la asignación de terrenos y proyectos inmobiliarios han circulado durante años, aunque hasta ahora pocos se han atrevido a alzar la voz contra un hombre que, según críticos, gobierna con mano de hierro.
“Juan Manuel hace una casa y una calle, y no le importa porque no es de él”, dispara Hernández Morales, dejando entrever una impunidad que los afectados atribuyen a la influencia del alcalde en las esferas políticas y judiciales de Veracruz.
La construcción de la Prolongación de Norte 5, que atraviesa el terreno en disputa, no solo simboliza una violación a la propiedad privada, sino también un desafío abierto a las instituciones que deberían protegerla.
“Es un mensaje claro”, dice una de las extrabajadoras, María del Carmen López, con la voz quebrada por la frustración. “Nos están diciendo que nuestras leyes no valen nada frente a su poder”.
Un silencio que retumba
El ayuntamiento de Orizaba guarda un mutismo ensordecedor. Solicitudes de entrevista con Diez Francos o algún representante oficial han sido ignoradas, y las oficinas municipales se limitan a un escueto “sin comentarios” cuando se les cuestiona sobre la denuncia. Este hermetismo contrasta con la indignación creciente entre los exobreros, quienes prometen escalar su lucha hasta las últimas consecuencias.
“No nos vamos a rendir”, asegura López. “Si el alcalde cree que puede aplastarnos, se equivoca”.
La investigación también arroja luz sobre otro ángulo perturbador: el papel de Ixhuatlancillo, el municipio vecino. Aunque menos señalado en la denuncia, su aparente pasividad plantea interrogantes sobre una posible colusión o, al menos, una negligencia cómplice. Hernández Morales no descarta ampliar las acciones legales para incluir a otras autoridades, un movimiento que podría destapar una red más amplia de irregularidades en la región.
Ecos de otros despojos
El caso de los exobreros de Virita S.A. no es el único que salpica a Diez Francos con acusaciones de despojo. Una revisión de antecedentes revela quejas previas de ciudadanos y organizaciones que lo han señalado por presuntas maniobras similares. En marzo de 2025, por ejemplo, vecinos de la colonia Río Blanco denunciaron ante la misma Fiscalía Especializada que el alcalde intervino en un terreno adjudicado a extrabajadores textiles, pavimentando una calle sin consulta ni justificación legal.
Aunque ese caso sigue en trámite, las similitudes con el actual son innegables: un patrón de desarrollo urbano que ignora derechos de propiedad y apuesta por el silencio de las víctimas.
El camino por delante
La denuncia 131/2025 es apenas el primer disparo en una batalla que promete ser cruenta. Hernández Morales asegura que sus clientes preparan nuevas demandas, no solo para recuperar el terreno, sino para exigir sanciones ejemplares contra Diez Francos y cualquier funcionario implicado.
“Queremos que esto siente un precedente”, afirma. “Que ningún poderoso pueda arrebatar lo que es justo sin enfrentar las consecuencias”.
Mientras tanto, en las calles de Orizaba, el contraste es palpable. Los turistas pasean por el Palacio de Hierro y los comerciantes alaban la tranquilidad de la ciudad, pero en los márgenes, los exobreros de Virita S.A. alzan pancartas y voces que resuenan como un eco incómodo.
Para ellos, el regreso del fútbol profesional a Veracruz —celebrado hoy en titulares— palidece ante la lucha por lo que consideran suyo. Y en el centro de este torbellino está Juan Manuel Diez Francos, un alcalde cuya armadura de autoridad comienza a agrietarse bajo el peso de una verdad que, tarde o temprano, deberá enfrentar.
Redacción Reportaje Veracruzano
