México en la Mira Global: La ONU Exige Respuestas ante una Crisis de Desaparecidos que el Gobierno Niega
México enfrenta un ultimátum sin precedentes: resolver la crisis de más de 127,000 personas desaparecidas o rendir cuentas ante la Asamblea General de la ONU, con la posibilidad de que el caso escale a la Corte Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas ha activado, por primera vez en su historia, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, colocando al gobierno mexicano contra las cuerdas. La fecha límite: finales de septiembre o principios de octubre de 2025.
La pregunta no es si México está en crisis, sino por qué el gobierno insiste en negarlo mientras miles de familias excavan con sus propias manos en busca de verdad.
El CED, un organismo compuesto por diez expertos independientes, ha concluido que existen “informaciones con fundamentos suficientes” para sostener que las desapariciones forzadas en México podrían estar ocurriendo de manera “generalizada y sistemática”. Olivier de Frouville, presidente del comité, no titubeó al declarar que los indicios apuntan a un problema estructural que trasciende la narrativa oficial.
Los números son implacables: 127,018 personas desaparecidas, más de 5,600 fosas clandestinas, 72,000 cuerpos sin identificar y un 99 % de impunidad en los casos de desaparición forzada, según datos oficiales. Estos no son meros números; son historias de familias rotas, de madres que recorren terrenos baldíos con palas, de comunidades sumidas en el terror.
Sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano ha sido un ejercicio de negación y confrontación. La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó categóricamente las acusaciones, asegurando que “el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida por Rosario Piedra Ibarra, fue más allá, calificando el diagnóstico de la ONU como “descontextualizado” e incluso cuestionando la eficacia de las misiones internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum, en un intento de cerrar el debate, afirmó: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe”. Sus palabras, lejos de apaciguar, chocan frontalmente con la realidad: al menos 141 casos de desaparición forzada documentados desde 2018 involucran a autoridades, incluyendo el emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de Claudia Uruchurtu en Oaxaca a manos de funcionarios municipales.
La reacción oficial no se limitó a la retórica. En un movimiento que desató críticas globales, el Senado, dominado por Morena, aprobó un pronunciamiento exigiendo la destitución de De Frouville, tildando sus declaraciones de “irresponsables” y carentes de sustento. Usuarios en redes sociales y analistas no tardaron en calificar esta acción como “ridícula” y una muestra de desprecio hacia los mecanismos internacionales de derechos humanos. “Es un intento burdo de desviar la atención, de convertir una crisis humanitaria en una disputa política”, señaló un usuario en X, reflejando el sentir de muchos.
Mientras el gobierno se atrinchera, la crisis se agrava. El reciente hallazgo de un “campo de exterminio” en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco —descubierto no por las autoridades sino por colectivos de madres buscadoras—, expuso la magnitud del problema y la inacción estatal. Este sitio, presuntamente utilizado por el crimen organizado para detenciones ilegales y asesinatos, es solo una pieza de un rompecabezas macabro que el gobierno prefiere ignorar. “La respuesta del Estado debería enfocarse en construir soluciones, no en defenderse”, sentencia Michael Chamberlin, activista y exconsejero de la CNDH, cuya voz resuena como un eco de cordura en medio de la negación oficial.
El contraste entre la postura gubernamental y la realidad es abismal. Mientras Sheinbaum insiste en que las desapariciones están ligadas exclusivamente al crimen organizado, casos como el de José Alberto Serna Rojas —asesinado por policías de la Ciudad de México en 2021— o el de los nueve jóvenes desaparecidos en Oaxaca por agentes de la Fiscalía estatal, evidencian la complicidad de autoridades en todos los niveles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sancionado a México por casos como el de Antonio González, un zapatista desaparecido por el Estado, demostrando que la responsabilidad estatal no es una invención de la ONU.
Si el caso llega a la Asamblea General, México enfrentará un escrutinio internacional sin precedentes. No bastarán las notas diplomáticas ni los discursos patrióticos. El gobierno deberá explicar, con datos y acciones concretas, cómo enfrenta una crisis que lleva décadas creciendo. Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, lo resume con claridad: “El problema no es lo que piense la ONU, sino lo que sienten las víctimas. Negar la realidad solo profundiza su dolor”.
La negativa a reconocer la magnitud del problema no solo agrava el sufrimiento de las familias, sino que perpetúa un ciclo de impunidad que amenaza con engullir la credibilidad del Estado mexicano.
La oportunidad está sobre la mesa. México podría aprovechar el procedimiento de la ONU para diseñar una política nacional de prevención y erradicación de desapariciones, fortalecer la búsqueda de personas y garantizar justicia. Sin embargo, la reacción inicial sugiere un camino diferente: uno de confrontación, negación y soberbia.
Mientras el mundo observa, México debe decidir si enfrenta su crisis con valentía o si prefiere seguir aplaudiéndose a sí mismo mientras sus ciudadanos desaparecen sin dejar rastro. La cuenta regresiva ha comenzado, y el silencio ya no es una opción.
Redacción Reportaje Veracruzano
