Cazones, Ver.– La tragedia que tiñó de sangre la autopista Veracruz–Cardel hace unos meses no fue un simple accidente: fue el desenlace brutal de una red de corrupción profundamente enquistada en el sistema de Transporte Público del estado.

La investigación legal emprendida por el abogado Tomás Mundo, representante de una de las familias víctimas, ha destapado una cloaca nauseabunda: el autobús urbano implicado en el fatídico choque circulaba fuera de la ley, sin permisos oficiales, sin seguro vigente y protegido por una red de funcionarios corruptos que, según denuncias, vendían impunidad a cambio de sobornos de 1,100 pesos.

Sí, por apenas 1,100 pesos, autoridades de Transporte Público en Veracruz–Boca del Río ponían en circulación unidades sin registro ni condiciones mínimas de seguridad, condenando a muerte a usuarios inocentes.

El dueño del vehículo lo confesó abiertamente: su camión no estaba dado de alta y circulaba gracias a los moches entregados a inspectores y funcionarios públicos, quienes ahora, arrinconados por la evidencia, son investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Entre los señalados figuran el propio director general de Transporte Público y el delegado de la zona, cuyos nombres, hasta ahora, las autoridades se niegan a revelar públicamente.

Peor aún, la aseguradora del camión, una mutualista fantasma sin solvencia económica, se ha desentendido de las víctimas, dejando a familias enteras, como la de Jennifer —una joven que lucha por su vida tras cuatro cirugías—, en un abismo de deudas médicas, dolor e injusticia.

La corrupción no solo mató: hoy sigue matando lentamente a los sobrevivientes, mientras los responsables directos, incluyendo al conductor implicado, siguen libres, protegidos por la inacción y el silencio institucional.

¿Cuánto vale la vida de un veracruzano para los funcionarios de Transporte Público? ¿A cuánto asciende el precio de una tragedia tolerada?

Hoy el pueblo exige respuestas. No basta con desglose de carpetas y promesas huecas: se requiere castigo ejemplar, juicio público y una purga profunda en un sistema podrido que sigue privilegiando el dinero sobre la vida.

Redacción Reportaje Veracruzano