Desafuero pone al alcalde de Ixhuatlán ante un escenario decisivo; defensa asegura que enfrentará la justicia y rechaza pruebas contundentes
Xalapa, Ver.— La suerte política y jurídica del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, podría definirse este miércoles en el Congreso del Estado. Mientras el Pleno analiza la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía General del Estado, la defensa del edil aseguró que, de perder la inmunidad constitucional, comparecerá ante las autoridades y enfrentará el proceso penal correspondiente.
La abogada Izaskun Moreno, representante legal del presidente municipal emanado de Movimiento Ciudadano, sostuvo que su cliente no pretende evadir la acción de la justicia y que, en caso de aprobarse el desafuero, el procedimiento continuaría ante un Juzgado de Control con sede en Coatzacoalcos.
La litigante afirmó que la estrategia de defensa se centrará en demostrar la falta de elementos que, a su juicio, acrediten una participación directa del alcalde en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Incluso sostuvo que, si durante el proceso judicial se confirma su inocencia, González Martínez tendría la posibilidad legal de reincorporarse al cargo.
Durante su posicionamiento, Moreno adelantó que será el equipo jurídico quien tome la palabra durante la sesión legislativa, aunque indicó que permanecían a la espera de la llegada del alcalde al recinto.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que la carpeta de investigación, hasta el momento, se sustenta únicamente en el testimonio de un testigo identificado como «Delta 1», quien habría referido haber escuchado de un tercero que el edil supuestamente ordenó la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.
La abogada sostuvo que ese señalamiento indirecto resulta insuficiente para atribuir responsabilidad como autor material del crimen y consideró que no existen datos de prueba sólidos que justifiquen la imputación en esos términos.
Explicó además que, si el Congreso aprueba el retiro del fuero constitucional, la Fiscalía quedaría en posibilidad de solicitar una orden de aprehensión, escenario para el cual la defensa prevé promover un juicio de amparo, una vez que exista una resolución formal del Poder Legislativo.
Finalmente, Moreno consideró viable la presencia de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el desarrollo de la sesión, al estimar que ello permitiría observar el procedimiento y conocer los elementos que integran la investigación.
La decisión que adopte el Congreso marcará el siguiente capítulo de un caso que ha generado una amplia atención pública, al involucrar el asesinato de una periodista y la posible responsabilidad de un servidor público en funciones.
Redacción Reportaje Veracruzano
