ASF revisará 25 años de contratos electorales; investigación incluye al OPLE Veracruz
Xalapa, Ver., 4 de noviembre de 2026.– Las contrataciones realizadas durante los últimos 25 años por las autoridades electorales del país serán revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de detectar indicios de posibles irregularidades históricas en el ejercicio de recursos públicos.
La investigación contempla al Instituto Nacional Electoral (INE), al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y a los organismos públicos locales electorales, incluido el OPLE Veracruz. El periodo de análisis comprende adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025.
De acuerdo con la ASF, las indagatorias buscan identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en la asignación de recursos públicos, tanto por parte de grupos empresariales como de servidores públicos.
El organismo fiscalizador estableció tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre contrataciones, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE, además de la revisión del gasto federalizado ejercido por los OPLE.
En el caso de Veracruz, el anuncio se produce días después de que el OPLE confirmara haber recibido un requerimiento de información sobre contratos relacionados con ocho empresas.
La consejera presidenta del organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales, aseguró el pasado 31 de octubre que ninguna de esas compañías había sido contratada desde 2022. También señaló que los ejercicios fiscales 2023 y 2024 no tuvieron observaciones financieras de la ASF, mientras que la revisión de 2025 continuaba en proceso.
La revisión histórica también alcanzará la etapa del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), creado en el año 2000, antes de su transformación en el actual OPLE.
Hasta el momento, la ASF no ha presentado señalamientos específicos contra el organismo veracruzano derivados de esta nueva investigación ni ha anunciado sanciones. Las posibles responsabilidades deberán establecerse conforme avancen las auditorías.
Los trabajos buscan esclarecer cómo se ejercieron los recursos destinados a las instituciones electorales y determinar si existieron irregularidades en sus procesos de adquisición y contratación durante este periodo.
