¡HACIENDA DE VERACRUZ CONVERTIDA EN OFICINA DE FRAUDES! FUNCIONARIOS DEL SEXENIO DE CUITLÁHUAC GARCÍA HABRÍAN OPERADO CON COYOTES PARA ROBAR IDENTIDADES Y EMPLACAR VEHÍCULOS FANTASMA
Xalapa, Ver.– ¿Quién vigilaba a quienes debían vigilar? ¿Cómo pudieron utilizarse las oficinas de Hacienda del Estado para registrar vehículos con identidades presuntamente robadas? ¿Cuántos contribuyentes más podrían estar cargando deudas que nunca contrajeron? El caso del comediante Javier Carranza Gasca, conocido como «El Costeño», abrió una ventana a las presuntas irregularidades que habrían operado dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Lo que inicialmente parecía un problema de cobros indebidos terminó exhibiendo un presunto esquema de suplantación de identidad en el que, de acuerdo con las declaraciones del actual titular de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes Hernández, habrían participado antiguos funcionarios de la dependencia en coordinación con gestores externos conocidos como coyotes.
El señalamiento es particularmente delicado: el fraude no habría ocurrido mediante una operación clandestina en algún lugar ajeno al Gobierno, sino a través de trámites procesados desde oficinas oficiales de Hacienda.
La víctima fue el propio «El Costeño», quien denunció públicamente que su historial crediticio aparecía afectado por obligaciones fiscales correspondientes a dos vehículos que asegura jamás haber adquirido ni conocido.
No se trataba de una confusión menor. A su nombre figuraban un remolque y un automóvil Chevrolet, registrados en 2021 y 2022, respectivamente, durante la administración de Cuitláhuac García. Ambos fueron emplacados en oficinas de Hacienda de Isla y Alvarado y generaron un adeudo superior a los 11 mil pesos por tenencia y derechos vehiculares.
LA IDENTIDAD ROBADA Y EL FRAUDE QUE PASÓ POR LAS VENTANILLAS OFICIALES
La explicación ofrecida por el secretario de Finanzas apunta a una posible cadena de complicidades. Según lo relatado por el comediante, sus datos personales pudieron haber sido sustraídos cuando realizó un trámite vehicular en Morelos mediante un gestor. Posteriormente, esa información habría terminado en manos de quienes realizaron los registros en Veracruz.
El funcionario confirmó que se comunicó personalmente con Carranza Gasca, quien le informó que ya presentó una denuncia por suplantación de identidad ante la Fiscalía de la Ciudad de México.
Sefiplan, por su parte, anunció que procederá a dar de baja las dos unidades registradas irregularmente.
Pero aquí aparece una pregunta que no puede quedar sepultada entre declaraciones y anuncios administrativos: ¿quién proporcionó, recibió, validó y autorizó los documentos que permitieron registrar esos vehículos?
Porque para que dos unidades quedaran asociadas fiscalmente a una persona que niega haberlas adquirido, necesariamente tuvo que existir una cadena de trámites, documentos y actuaciones que ahora debe esclarecerse.
«NO HABÍA CONTROLES»: LA CONFESIÓN QUE ABRE UN PROBLEMA MAYOR
Reyes Hernández reconoció que durante la administración anterior no existían controles suficientes para impedir este tipo de operaciones. Incluso reveló que en las oficinas de Hacienda encontraron cartas poder en blanco, firmadas por contribuyentes, una práctica que representa un riesgo evidente para la seguridad de la información y el patrimonio de los ciudadanos.
Los antiguos trabajadores señalados por su presunta participación ya no forman parte de Sefiplan, pero su salida de la dependencia no responde las preguntas fundamentales ni extingue las posibles responsabilidades.
¿Fueron investigados? ¿Se identificó a los gestores externos? ¿Se conoce cuántos trámites irregulares realizaron? ¿Existe una revisión de los expedientes procesados durante aquellos años? ¿Se presentaron denuncias contra quienes presuntamente utilizaron las instalaciones y los sistemas gubernamentales para consumar estas operaciones?
Y una interrogante todavía más importante: ¿el caso de «El Costeño» es un hecho aislado o solamente el primero que consigue hacerse público?
CAMBIAR EL SISTEMA NO SUSTITUYE LA INVESTIGACIÓN
La actual administración de Sefiplan asegura haber implementado medidas para cerrar espacios a estas prácticas: modernización de los sistemas, eliminación gradual de fichas físicas y restricciones para evitar que una misma persona concentre múltiples trámites.
Son cambios que buscan reducir riesgos, pero la modernización administrativa no puede convertirse en una cortina que deje sin esclarecer lo ocurrido.
Si hubo servidores públicos que utilizaron sus atribuciones para facilitar presuntos fraudes, la respuesta no puede limitarse a retirarles el acceso a las oficinas. Deben esclarecerse los hechos, deslindarse responsabilidades y determinarse si existen más víctimas.
La advertencia del secretario a los ciudadanos para que realicen personalmente sus trámites y eviten intermediarios también deja una reflexión incómoda: ¿por qué un ciudadano tendría que desconfiar de los procedimientos que el propio Gobierno está obligado a proteger?
El caso de Javier Carranza Gasca coloca bajo escrutinio el funcionamiento de las oficinas de Hacienda durante el sexenio anterior. No basta con cancelar dos placas ni corregir un adeudo de más de 11 mil pesos.
La sociedad necesita saber quién convirtió los datos personales de un ciudadano en instrumentos para registrar vehículos ajenos, quién permitió que esos documentos atravesaran las ventanillas oficiales y, sobre todo, si quienes presuntamente participaron enfrentarán una investigación formal.
Porque cuando una identidad puede ser utilizada para fabricar obligaciones fiscales sin conocimiento de su titular, el problema deja de ser exclusivamente de un comediante: se convierte en un asunto de seguridad patrimonial y confianza pública.
La pregunta que queda en el aire es tan sencilla como contundente: si esto pudo ocurrir con dos vehículos y una identidad conocida, ¿cuántos veracruzanos podrían estar enfrentando un fraude similar sin siquiera saberlo?
Redacción Reportaje Veracruzano
