Fidel Herrera Beltrán, Alias “Z1”, deja un legado de sangre y traición en Veracruz
Xalapa, Veracruz, México, 3 de mayo de 2025 — Fidel Herrera Beltrán, el exgobernador de Veracruz fallecido ayer 2 de mayo de 2025 a los 76 años, no será recordado como un estadista, sino como el símbolo de un régimen que convirtió el gobierno en una empresa criminal. Conocido como “Z1” en los círculos oscuros del crimen organizado, el sexenio de Herrera (2004–2010) transformó a Veracruz en un campo de batalla donde reinaron la corrupción, la violencia y la impunidad. Su muerte, confirmada por su hijo Javier Herrera Borunda —heredero político que actualmente dirige el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz— cierra un capítulo, pero no borra las cicatrices.
Un gobernador que administró la muerte
El mandato de Herrera no fue gobierno, sino depredación. Bajo su administración, Veracruz se convirtió en un cementerio, con miles de desapariciones forzadas, fosas clandestinas y ejecuciones extrajudiciales marcando su legado. Las cifras oficiales son oscuras, pero organizaciones de derechos humanos estiman que más de 5,000 personas desaparecieron durante su sexenio, sus destinos sepultados en un sistema que normalizó el horror. “Comandos negros”, escuadrones de la muerte vinculados frecuentemente a fuerzas del Estado, operaron con una impunidad escalofriante, apuntando contra activistas, periodistas y cualquiera considerado desechable. Esto no fue simple corrupción: fue necropolítica, una estrategia deliberada para controlar mediante el miedo y el borramiento.
El círculo cercano de Herrera, una galería de personajes oscuros, reflejaba su ética. Figuras como Javier Duarte —su sucesor, condenado por lavado de dinero— y otros como José Manuel Pozos Castro y Alberto Silva Ramos, tejieron una red de complicidad que saqueó el erario público y facilitó redes criminales. Se alega que los frutos de ese saqueo financiaron la compra del “franquicia” del PVEM para su hijo, asegurando la continuidad de la dinastía política. Sin embargo, la fortuna de Herrera —aumentada con insólitas “ganancias” de lotería de 6.8 millones de dólares en 2008 y 3.6 millones en 2009— despertó sospechas. Según Proceso, sus bienes incluían un jet privado, 22 autos, ranchos y un yate, en total contraste con su sueldo como servidor público.
Regina Martínez: la periodista que se atrevió a exponer al “Z1”
Nadie encarnó la resistencia al régimen de Herrera como Regina Martínez, periodista de Proceso asesinada en su casa en Xalapa el 28 de abril de 2012. Las investigaciones de Martínez sobre la narcopolítica en Veracruz la convirtieron en blanco. Sus reportajes expusieron los presuntos vínculos de Herrera y Duarte con Los Zetas, detallando cómo el cártel infiltró las instituciones estatales. Un reportaje de portada de Proceso en septiembre de 2011, “Veracruz, zona de terror”, coescrito por Martínez, documentó el control de los Zetas y la complicidad del gobierno. Semanas antes de su muerte, había revelado lazos entre funcionarios veracruzanos y los Zetas; tras ello, 3,000 ejemplares de esa edición desaparecieron de los puestos.
La versión oficial —que fue asesinada durante un robo fallido— se vino abajo bajo el escrutinio. The Cartel Project de Forbidden Stories, que reunió a 60 periodistas de 18 países, continuó su trabajo y reveló pruebas de colusión estatal. Un informe filtrado de la PGR de 2011, basado en datos de la DEA y 14 testigos protegidos, detalló dos reuniones en 2008 entre Herrera y líderes Zetas, incluyendo a Miguel Treviño Morales, en un hotel de Coatzacoalcos y en una propiedad del exgobernador en Xalapa. El exagente del FBI Arturo Fontes declaró: “Los Zetas lo llamaban ‘Zeta 1’ porque era él quien manejaba el estado”. A pesar de la promesa del presidente López Obrador en 2020 de reabrir el caso, la justicia sigue sin llegar.
El ascenso de los Zetas y el pacto con el “Z1”
Los Zetas, originalmente el brazo armado del Cártel del Golfo, se separaron en 2008 tras una lucha de poder iniciada con la detención de Osiel Cárdenas en 2003. Compuestos por élites exmilitares, los Zetas adoptaron una brutalidad sin precedentes, expandiéndose al secuestro, la extorsión y la trata de personas. Veracruz, por su puerto estratégico, se convirtió en su bastión. Ya en 2007, reportes de inteligencia señalaban un pacto entre Herrera y los Zetas, consolidado en reuniones en 2008 con líderes como Braulio Arellano Domínguez. El testimonio en un juicio en EE.UU. en 2013 reveló que el Cártel del Golfo, a través del intermediario Francisco Colorado, transfirió 12 millones de dólares a la campaña de Herrera en 2004, asegurando protección estatal.
Esta alianza convirtió a Veracruz en un narcoestado. La red “La Compañía” de los Zetas, respaldada por una nómina mensual de 600,000 dólares para sobornar a la policía estatal, operaba sin freno. La escisión de 2008 intensificó la violencia, con los Zetas desplazando a células del Cártel del Golfo. El gobierno de Herrera, lejos de combatirlo, supuestamente lo facilitó, permitiendo que los Zetas dominaran el estado hasta el final de su mandato.
Un legado de impunidad
La muerte de Herrera no borra sus pecados. Las políticas de su administración —premiar el silencio, castigar la verdad— dejaron un sistema hecho para evitar la justicia. Las madres siguen buscando a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas. Periodistas como Martínez pagaron con su vida por exponer la verdad. El PVEM, ahora dirigido por Javier Herrera Borunda, arrastra la mancha de su origen.
Veracruz no necesita nostalgia ni olvido selectivo. Necesita justicia: nombrar las heridas, desmantelar las estructuras que las permitieron y honrar a las víctimas mediante la memoria incansable. La era de Herrera no fue un fracaso de gobierno: fue una traición deliberada. Mientras su sombra se desvanece, la lucha por la verdad debe arder más fuerte.
Redacción Reportaje Veracruzano
