Vania López González, síndica con licencia, sancionada por el INE por fraude electoral y doble militancia
Por Redacción Reportaje Veracruzano
Córdoba, Veracruz | Jueves 8 de mayo de 2025
La síndica con licencia del Ayuntamiento de Córdoba, Vania López González, se encuentra en el centro de un escándalo electoral tras ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades graves en materia de fiscalización y doble militancia durante el proceso electoral local ordinario 2024-2025 .
Según la resolución del Consejo General del INE, identificada como expediente INE/Q-COF-UTF/5/2025/VER, López González se registró como precandidata a la presidencia municipal de Córdoba por dos partidos políticos distintos: Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Esta acción contraviene la normativa electoral, que prohíbe la participación simultánea en procesos internos de diferentes partidos.
Además, la funcionaria omitió presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña correspondiente a su participación en el proceso interno del PVEM, lo que constituye una falta grave en materia de fiscalización. El INE determinó que estas irregularidades son suficientes para imponer sanciones tanto a López González como a los partidos involucrados .
La situación se agrava debido a que López González ha sido señalada por utilizar reiteradamente el argumento de la violencia política de género como herramienta para desviar la atención de sus propias irregularidades y desacreditar a sus críticos. Esta estrategia ha generado controversia y cuestionamientos sobre la legitimidad de sus denuncias en este ámbito.
En respuesta a las sanciones impuestas, López González solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo como síndica del Ayuntamiento de Córdoba. Su lugar fue ocupado por Piedad Patricia Dorantes Gatica, quien tomó protesta como nueva síndica del municipio .
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control en los procesos electorales, así como de garantizar que las denuncias por violencia política de género se utilicen de manera legítima y no como herramientas de manipulación política.
