Lisbeth Jiménez Aguirre bajo la lupa: críticas por protagonismo en evento oficial y posibles auditorías en el Poder Judicial
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz es señalada por utilizar un acto institucional como plataforma personal, mientras crecen versiones sobre una revisión a fondo de su gestión.
Redacción de Reportaje Veracruzano
Xalapa, Veracruz – 29 de mayo de 2025
En medio de un contexto institucional cada vez más tenso, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por su participación protagónica en un evento oficial conmemorativo del «Día Naranja», realizado recientemente en las instalaciones del Poder Judicial del Estado.
Aunque el acto fue presentado como una jornada en favor de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, voces críticas dentro y fuera del Poder Judicial han señalado que el evento se convirtió en un escaparate político personal, en un momento en el que Jiménez Aguirre busca prolongar su presencia al frente del tribunal, pese a que su mandato se encuentra en la recta final.
Señalamientos por exceso de protagonismo
Fuentes internas han revelado que, aunque había magistrados disponibles que no participan en procesos internos de sucesión, la presidenta decidió encabezar personalmente la inauguración del evento, en lo que algunos califican como un acto de campaña disfrazado de protocolo institucional. Esta decisión habría causado incomodidad entre sus pares, especialmente entre quienes también aspiran a ocupar la presidencia del TSJEV.
La estrategia habría incluido un discurso dirigido principalmente a mujeres emprendedoras, presentando el programa como una iniciativa propia e indispensable, lo que fue interpretado por algunas asistentes como un intento por capitalizar políticamente un evento que pertenece al calendario oficial del Poder Judicial.
Auditoría a la vista
Más allá del evento, ha comenzado a circular la versión de que, al concluir su gestión, Lisbeth Jiménez será objeto de una auditoría integral sobre el manejo administrativo del Tribunal durante su presidencia. Entre los puntos que podrían revisarse figuran presuntos excesos en el uso de recursos públicos, prácticas de nepotismo y decisiones controversiales en nombramientos.
La posible revisión ha sido interpretada en algunos sectores como un acto de justicia administrativa, mientras que otros lo ven como una maniobra política de equilibrio frente al desgaste que vive la figura de Jiménez Aguirre, cuya llegada al cargo fue en su momento motivo de debate jurídico por supuestas irregularidades en el proceso de designación.
Gobernabilidad y poder judicial: tensiones crecientes
Este episodio vuelve a colocar en el centro del debate el papel del Poder Judicial en Veracruz y la manera en que su autonomía puede verse comprometida cuando se entremezclan intereses personales con responsabilidades institucionales.
Desde el círculo cercano a la gobernadora Rocío Nahle, no ha habido pronunciamientos oficiales, aunque algunos observadores esperan que en los próximos días se emitan señales sobre el rumbo que tomará la administración judicial y la voluntad política para revisar a fondo el legado de Jiménez Aguirre.
La presidenta del Tribunal está, sin duda, en el ojo del huracán. Mientras sus acciones más recientes despiertan suspicacias y tensiones, el sistema judicial veracruzano enfrenta el reto de fortalecer su credibilidad. La ciudadanía y la clase jurídica exigen un Poder Judicial que no sea rehén de intereses personales ni de ambiciones que contradigan los principios de imparcialidad y transparencia.
El tiempo dirá si Lisbeth Jiménez Aguirre será recordada como una reformadora o como una figura cuya gestión deberá responder ante una auditoría rigurosa. Por lo pronto, las señales de alerta ya se encendieron.
Redacción Reportaje Veracruzano
