Vigilancia bajo la lupa federal y litigios heredados: Nahle marca distancia con el pasado y niega pactos políticos
Xalapa, Ver.— En medio de cuestionamientos históricos sobre el fallido sistema de videovigilancia en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García aseguró que su administración ha optado por un modelo distinto: cámaras supervisadas directamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un intento por garantizar transparencia y funcionalidad en un rubro que durante años ha sido sinónimo de opacidad.
La mandataria subrayó que, a diferencia del sistema contratado en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, actualmente existe acompañamiento institucional federal. Aquel proyecto, adjudicado a la empresa Comtelsat por más de mil 100 millones de pesos, derivó en un conflicto legal que sigue abierto. Las fallas técnicas, el incumplimiento contractual y el bajo porcentaje de cámaras operativas —apenas el 40 por ciento según el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez— detonaron auditorías, sanciones y denuncias que hoy siguen su curso en instancias ministeriales.
Nahle fue clara: hay una carpeta de investigación en marcha y el caso continúa bajo revisión de la Fiscalía, lo que mantiene vivo uno de los expedientes más costosos y polémicos en materia de seguridad pública en la entidad.
Autonomía municipal con intervención condicionada
En otro frente, la gobernadora defendió la postura de su administración frente a los municipios: respeto absoluto a su autonomía, pero con disposición a intervenir cuando los propios ayuntamientos lo solicitan. Citó como ejemplos los casos de Veracruz puerto y Poza Rica, donde las autoridades locales enfrentaron contratos considerados abusivos en servicios públicos, particularmente en el rubro de alumbrado.
En el puerto, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo solicitó respaldo estatal tras la polémica requisa del sistema de luminarias operado por la empresa Wardenclyffe, que arrastraba una deuda superior a los 2 mil 800 millones de pesos. En Poza Rica, según la mandataria, el municipio logró salir de un esquema similar tras ganar un litigio que calificó como desventajoso para las finanzas públicas.
Aumento salarial y tiempos políticos
En materia laboral, Nahle confirmó un incremento del 7.5 por ciento directo al salario de los trabajadores del Estado, el cual —aseguró— se verá reflejado en la segunda quincena de mayo, en una medida que busca aliviar presiones económicas dentro de la burocracia estatal.
Sin embargo, el punto más político de su declaración llegó al desmentir categóricamente cualquier acercamiento con figuras del PRI. Luego de los señalamientos del diputado Héctor Yunes Landa sobre presuntos acuerdos para suavizar la relación institucional, Nahle negó haber sostenido reuniones con José Antonio Meade o con Alejandro Moreno Cárdenas.
“
Soy gobernadora de todos los veracruzanos”, enfatizó, marcando una línea discursiva que busca desactivar cualquier sospecha de negociación política fuera de los canales institucionales.
Entre la vigilancia y la desconfianza
El mensaje de fondo no es menor: en un estado golpeado por la inseguridad y por escándalos de corrupción en infraestructura tecnológica, el control y supervisión de las cámaras de videovigilancia se convierte en un símbolo de credibilidad gubernamental. Pero el litigio heredado y los antecedentes de fallas siguen pesando como recordatorio de que, en Veracruz, la vigilancia no solo se instala en las calles, sino también sobre las decisiones del poder.
Redacción Reportaje Veracruzano
