¿Capacitación o negocio? Crece el malestar en el Poder Judicial de Veracruz por presunto diplomado promovido bajo presión
Xalapa, Veracruz. Una nueva inconformidad comienza a recorrer los pasillos de juzgados y oficinas del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Trabajadores denuncian que desde hace varias semanas reciben insistentes mensajes y exhortos para inscribirse a un diplomado impartido por la Universidad de Xalapa, cuyo costo consideran elevado y cuya promoción, aseguran, ha derivado en una presión constante desde los niveles más altos de la estructura judicial.
De acuerdo con testimonios entregados a este medio, empleados de distintos juzgados afirman que la invitación dejó de percibirse como una simple oferta académica para convertirse en una campaña permanente de convencimiento. La molestia se incrementó al conocer que entre los ponentes figuran integrantes del propio Poder Judicial, incluida la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández.
«Todos los días nos bombardean con mensajes para que nos inscribamos», señala una de las quejas recibidas por trabajadores judiciales, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias laborales. Según los denunciantes, incluso se han ofrecido esquemas de pago en parcialidades para facilitar la inscripción.
La situación ha abierto un debate delicado dentro de la institución: ¿dónde termina la promoción académica y dónde comienza una posible presión institucional? Aunque hasta el momento no existe evidencia pública de una orden formal que obligue a los trabajadores a inscribirse, varios empleados sostienen que el constante impulso al diplomado genera la percepción de que participar podría convertirse en un requisito no escrito para mantener una buena relación con la estructura administrativa.
El tema adquiere mayor relevancia debido a que el Poder Judicial tiene entre sus responsabilidades la capacitación permanente de su personal. Diversas dependencias gubernamentales y organismos públicos suelen ofrecer cursos y actualizaciones sin costo o con financiamiento institucional precisamente para evitar que la formación profesional represente una carga económica para los trabajadores.
La controversia también coloca bajo la lupa la relación entre instituciones públicas y organismos privados de educación superior. La Universidad de Xalapa mantiene una amplia actividad en materia de diplomados jurídicos y ha contado en diversas ocasiones con la participación de magistrados, jueces y especialistas del ámbito judicial como conferencistas o ponentes.
Sin embargo, las preguntas comienzan a acumularse:
¿Existe algún convenio formal entre el Poder Judicial y la Universidad de Xalapa para la realización de este diplomado?
¿Reciben alguna compensación económica los servidores públicos que participan como ponentes?
¿Se ha utilizado infraestructura, tiempo laboral o canales oficiales del Poder Judicial para promover la inscripción?
¿Se garantiza que la participación sea completamente voluntaria y libre de cualquier tipo de presión administrativa?
Hasta el momento no existe un posicionamiento público de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia respecto a estas inconformidades. Tampoco se ha informado oficialmente si la promoción del diplomado forma parte de una estrategia institucional de capacitación o si corresponde exclusivamente a una oferta académica externa.
La transparencia exige respuestas claras. Cuando quienes imparten justicia son señalados por trabajadores de ejercer presiones relacionadas con actividades de carácter académico y económico, el asunto deja de ser un simple curso y se convierte en una cuestión de interés público.
Porque si la capacitación es una herramienta para fortalecer la impartición de justicia, debe construirse sobre la libertad de elección y no sobre la percepción de que negarse a participar podría tener consecuencias dentro de la carrera judicial.
Reportaje Veracruzano continuará investigando este caso y solicita al Poder Judicial del Estado de Veracruz, a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y a la Universidad de Xalapa su versión oficial para garantizar el derecho de audiencia y la máxima transparencia ante la sociedad.
Redacción Reportaje Veracruzano
