¿ERROR MÉDICO O FALLA DEL SISTEMA? FAMILIA ACUSA PRESUNTA NEGLIGENCIA TRAS CIRUGÍA CARDÍACA Y EXIGE QUE EL CASO NO QUEDE IMPUNE
Xalapa, Ver.- Cuando una familia entrega la vida de un ser querido a un quirófano, deposita algo más que confianza: entrega esperanza, patrimonio y futuro en manos de quienes juraron proteger la salud. Por ello, cuando surgen señalamientos sobre posibles errores médicos, la exigencia de respuestas deja de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de interés público.
Ese es el reclamo que hoy realiza María del Carmen Soto Cruz, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por una presunta negligencia médica atribuida al cardiólogo Abelardo Burgueño Rivas durante una intervención realizada hace aproximadamente cuatro años en el área privada de Cardiología del Centro de Especialidades Médicas de Xalapa.
La denunciante sostiene que la cirugía destinada a mejorar la calidad de vida de su madre terminó convirtiéndose en el inicio de una prolongada cadena de complicaciones médicas, gastos económicos y procesos legales que aún no encuentran una respuesta definitiva.
Según el testimonio presentado ante las autoridades, la intervención consistió en la colocación de un marcapasos; sin embargo, desde las primeras horas posteriores al procedimiento comenzaron a surgir problemas que, asegura la familia, nunca debieron ocurrir.
Entre las presuntas irregularidades denunciadas se encuentran la supuesta colocación del dispositivo en una zona anatómica incorrecta y el ingreso de los cables del marcapasos por una vena distinta a la adecuada, situación que presuntamente habría provocado el desplazamiento del aparato y la pérdida de su funcionamiento.
La familia también cuestiona la intención de practicar un nuevo procedimiento invasivo mediante cateterismo sin que, afirman, se hubieran realizado previamente estudios indispensables para valorar integralmente el estado clínico de la paciente.
La situación adquiere una dimensión aún más delicada debido a que, según la denuncia, la mujer enfrentaba simultáneamente un cuadro de COVID-19 y una severa infección urinaria, padecimientos que presuntamente incrementaban considerablemente el riesgo quirúrgico.
«Confiamos en su prestigio», expresó María del Carmen Soto Cruz al recordar la decisión de acudir con el especialista.
La frase resume uno de los elementos más sensibles del caso: la confianza depositada en la experiencia y trayectoria profesional de quien era considerado una referencia dentro de la cardiología en la región.
«Sabemos que errar es humano, pero pusimos la vida de nuestra madre en sus manos por el prestigio que tenía», manifestó.
Ante el deterioro de la situación, la familia buscó una segunda opinión médica en el puerto de Veracruz, donde otro especialista realizó una nueva intervención que, según la denunciante, permitió corregir la colocación del marcapasos y estabilizar el estado de salud de la paciente.
Pero la recuperación tuvo un costo elevado.
Medicamentos, hospitalizaciones, traslados, consultas especializadas, procedimientos adicionales y asesoría jurídica comenzaron a acumularse hasta representar, de acuerdo con la familia, una carga económica cercana a los 700 mil pesos.
Durante el proceso conciliatorio, la denunciante señala que se ofreció una compensación económica de 10 mil pesos, propuesta que la familia rechazó al considerarla insuficiente frente a los gastos y afectaciones sufridas.
Actualmente, explican, únicamente buscan recuperar 150 mil pesos correspondientes a préstamos adquiridos para enfrentar parte del tratamiento médico.
Sin embargo, el reclamo va más allá del dinero.
La pregunta que emerge detrás del expediente es incómoda pero inevitable: ¿existen mecanismos suficientemente eficaces para investigar y sancionar posibles errores médicos cuando estos ocurren? ¿Cuántos pacientes deciden guardar silencio por temor, desconocimiento o falta de recursos para emprender una batalla legal contra especialistas o instituciones?
La familia asegura que su objetivo principal es que el caso sea investigado a fondo y que, si las autoridades determinan la existencia de responsabilidades, se garantice la reparación del daño y se evite que otros pacientes enfrenten circunstancias similares.
Por ahora, corresponderá a la Fiscalía, a las autoridades sanitarias y a las instancias especializadas revisar expedientes clínicos, peritajes y documentación para determinar si existió o no responsabilidad profesional.
Porque en asuntos donde está en juego la vida humana, las dudas no pueden archivarse y la confianza de los pacientes no debería quedar atrapada entre expedientes, dictámenes y años de espera.
La verdad médica, como la justicia, también necesita un diagnóstico preciso.
Redacción Reportaje Veracruzano
