¿Hasta cuándo la impunidad naval en tierra firme? Galicia Castañón convierte la Dirección de Transporte en cotos de grúas federales ilegales y el Estado mira para otro lado
Nadie en Veracruz entiende —y menos justifica— por qué Luis Manuel Galicia Castañón sigue al frente de la Dirección General de Transporte Público. Un capitán de fragata, piloto helicopterista, ingeniero en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar, con maestría en Administración Naval y especialidad en helicópteros, que al parecer nunca aprendió la diferencia elemental entre el cielo y el asfalto: las concesiones federales de grúas no pueden operar en zonas urbanas. Y sin embargo, las autoriza, las protege y las ordena desde el C-4.
La denuncia no es aislada ni nueva. Concesionarios de grúas de todo el estado han alzado la voz para exigir a la gobernadora Rocío Nahle García la remoción inmediata de Galicia Castañón por abuso de autoridad, violación flagrante de la ley y presunta extorsión. Acusan que el funcionario frena a las empresas legalmente establecidas mientras abre la puerta —y el radio del C-4— a operadores que trabajan con placas o permisos federales dentro de las ciudades, o directamente en la clandestinidad. La legislación es clara. La práctica, bajo su mando, es la opuesta.
El 18 de julio pasado, en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, una grúa de la empresa “Grumex” con placas federales remolcó un tráiler en plena zona urbana. El operador, además, golpeó y causó daños al chofer de la unidad. No fue un error. Fue, según los denunciantes, una instrucción directa del titular de Transporte. La misma empresa que, meses antes, había sido señalada por clonar una concesión en la capital del estado. Galicia Castañón no sancionó. La mantuvo trabajando. La sigue llamando.
No es el único caso. En Poza Rica, el corralón de Grúas “México” fue clausurado por fuerzas federales en coordinación con la Fiscalía General del Estado por falta de documentación y presuntos cobros excesivos. Mientras unos pagan el precio de la ley, otros operan al amparo de quien debería aplicarla.
La cercanía de Galicia Castañón con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés —ambos marinos de carrera—, no es un detalle menor. Esa afinidad, según los transportistas, ha tejido una red de complicidades que convierte la dependencia en un espacio donde “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Ya en junio de 2025 más de 800 taxis, 300 grúas y un número indeterminado de particulares amenazaron con paralizar el estado para exigir su destitución por el cobro de dádivas y “moches” a través de mandos medios. Un año después, el panorama no cambió: se profundizó.
¿Qué clase de autoridad permite que una concesión federal circule y cobre en avenidas de Xalapa? ¿Qué lógica administrativa ordena desde el C-4 el servicio de una empresa que por ley no debería estar ahí? ¿Hasta cuándo la experiencia aeronaval sustituye el conocimiento mínimo de las reglas terrestres que rigen el transporte público en Veracruz?
Los hechos están documentados en videos, denuncias públicas y operativos. La pregunta que queda flotando —incómoda, urgente— es una sola: ¿quién protege a Luis Manuel Galicia Castañón y a cambio de qué? La gobernadora Rocío Nahle García tiene la información. Ahora le toca decidir si el cargo se sostiene por méritos o por impunidad.
Redacción Reportaje Veracruzano
