El sindicato como negocio: Acdmer Galicia encara cuestionamientos por cuotas, reelección y presuntas presiones contra periodistas

Xalapa, Ver.— El dirigente del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acdmer Antonio Galicia Campos, vuelve a colocarse bajo el reflector, pero esta vez no por una demanda laboral contra el Gobierno del Estado, sino por los cuestionamientos que rodean el manejo de recursos sindicales, su permanencia al frente de la organización y las acusaciones de presuntas presiones contra periodistas que documentan sus actuaciones.

De acuerdo con señalamientos difundidos entre integrantes del propio sindicato, Galicia Campos habría advertido que emprendería acciones legales contra la periodista Claudia Guerrero, luego de publicaciones en las que se cuestionan presuntos acuerdos, cobros y manejo de recursos relacionados con la dirigencia del SEPEV.

La amenaza de recurrir a los tribunales —si efectivamente fue formulada en los términos que circulan en chats sindicales— abre una pregunta elemental: ¿se pretende utilizar el derecho de acceso a la justicia para defender el honor o para intentar silenciar investigaciones periodísticas?

La diferencia no es menor.

Hasta ahora, la información pública consultada confirma que Galicia Campos encabeza el SEPEV y que durante los últimos años ha protagonizado diversas gestiones y movilizaciones en defensa de trabajadores. De hecho, el 18 de agosto se informó que 33 trabajadores de la SIOP obtuvieron plazas definitivas después de un proceso jurídico de cuatro años.

También existe documentación oficial que acredita que la Secretaría de Finanzas y Planeación entregó al SEPEV 22 mil 725 pesos para la celebración del Día del Personal Trabajador de la Administración Pública Estatal 2024, recurso recibido mediante un documento firmado por Galicia Campos en su calidad de secretario general.

Es precisamente ahí donde la discusión deja de ser política y se convierte en una cuestión de transparencia sindical.

¿Quién vigila el dinero de los trabajadores?

Los señalamientos que circulan entre trabajadores apuntan a presuntos cobros de hasta 10 mil pesos por persona a un grupo de empleados de la SIOP, además de cuestionamientos sobre el destino de cuotas y aportaciones utilizadas para actividades sindicales.

Pero hay que separar acusaciones de hechos comprobados.

La toma de las instalaciones de la SIOP del 8 de junio sí está documentada públicamente: medios locales reportaron que trabajadores afiliados al SEPEV protestaron y que la movilización fue encabezada por Galicia Campos, quien argumentó que existían laudos y resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento.

Semanas después, el conflicto laboral tuvo un desenlace favorable para 33 trabajadores, quienes obtuvieron sus plazas definitivas.

Lo que permanece como señalamiento no acreditado documentalmente en las fuentes públicas consultadas es el supuesto cobro de 10 mil pesos por trabajador.

Y precisamente por eso la pregunta resulta incómoda: si existe documentación que respalde esos cobros, ¿por qué no hacerla pública y explicar quién recibió el dinero, bajo qué concepto y dónde quedó registrado?

La transparencia debería ser la primera defensa de cualquier dirigente sindical.

La reelección bajo la lupa

Otro punto que amenaza con convertirse en un nuevo frente de conflicto es la anunciada asamblea del 28 de agosto, en el Hotel Xalapa, donde se pretende definir la continuidad de Galicia Campos al frente del SEPEV, según los señalamientos difundidos.

La acusación es particularmente delicada: que el dirigente ya no reuniría los requisitos estatutarios para continuar en el cargo por su situación laboral.

Ese extremo requiere revisar directamente los estatutos vigentes, el padrón sindical, la condición laboral del dirigente y la documentación con la que se pretende sustentar su candidatura.

Porque una cosa es la permanencia política de un dirigente y otra muy distinta la legitimidad estatutaria de una reelección.

Y aquí aparece una contradicción que merece escrutinio: el propio Galicia Campos ha construido durante años su discurso público alrededor de la defensa de los derechos de trabajadores temporales, la seguridad social y la basificación.

En 2022, por ejemplo, denunciaba que miles de trabajadores del Poder Ejecutivo carecían de nombramiento definitivo y seguridad social.

Ahora, cualquier duda sobre su propia condición laboral debería ser respondida con la misma contundencia con la que ha exigido respuestas a las autoridades.

El dirigente que cambia de color

Otro elemento señalado por sus críticos es el historial político del dirigente sindical.

Se le reprocha haber mantenido acercamientos con distintos grupos partidistas y, particularmente, haber apoyado políticamente a Sergio Gutiérrez Luna durante su aspiración por Morena a la gubernatura de Veracruz.

Más allá de simpatías personales, el asunto plantea una pregunta legítima sobre la independencia sindical:

¿Hasta dónde llega la representación de los trabajadores y dónde comienza la operación política personal del dirigente?

El cuestionamiento adquiere mayor relevancia cuando un sindicato depende de cuotas de sus afiliados y, al mismo tiempo, mantiene interlocución permanente con el Gobierno del Estado.

La frontera entre representación laboral, negociación política y beneficio personal debe ser transparente.

Del activismo a la confrontación

Galicia Campos no es un desconocido en las protestas contra dependencias estatales.

Su trayectoria pública incluye movilizaciones frente a oficinas gubernamentales y confrontaciones con autoridades. En años recientes ha encabezado protestas relacionadas con demandas laborales y cumplimiento de resoluciones judiciales.

En 2026, por ejemplo, el SEPEV presentó públicamente argumentos jurídicos para exigir el cumplimiento de laudos y resoluciones favorables a sus agremiados. Incluso existe documentación difundida por el propio sindicato sobre procedimientos laborales y la aplicación de la clave sindical 135.

El problema, entonces, no es que un dirigente sindical proteste.

El verdadero problema comienza cuando quien exige transparencia al Gobierno no está dispuesto a someter su propia organización al mismo escrutinio.

La pregunta que nadie debería esquivar

Si Galicia Campos considera falsas las acusaciones, tiene una oportunidad inmejorable para desmontarlas con documentos.

Que presente:

• Los estatutos vigentes del SEPEV.
• Su constancia de situación laboral y sindical.
• El padrón que acredita quiénes tienen derecho a votar en la asamblea.
• Los informes financieros de cuotas sindicales.
• Los comprobantes de ingresos y egresos.
• La relación de recursos recibidos del Gobierno estatal.
• Los comprobantes de los festejos sindicales.
• La documentación que explique cualquier cobro extraordinario realizado a trabajadores.
• Y, finalmente, su versión sobre las supuestas amenazas de acciones legales contra periodistas.

Eso sería mucho más contundente que cualquier amenaza.

Porque un sindicato no pertenece a su secretario general; pertenece a sus trabajadores.

Y las cuotas no son patrimonio personal de quien temporalmente ocupa una dirigencia.

Por eso, la eventual reelección del 28 de agosto no debería reducirse a una votación interna.

Debería convertirse en una prueba de fuego para el SEPEV: qué tan democrático, transparente y fiscalizable es realmente el sindicato que dice defender los derechos de los trabajadores del Poder Ejecutivo.

Si todo está en orden, los documentos deberían hablar.

Si existen irregularidades, también.

Y si las acusaciones son falsas, la mejor respuesta no será callar a quien pregunta, sino demostrar públicamente que las preguntas carecen de fundamento.

Porque cuando un dirigente sindical amenaza con llevar al terreno judicial a quien investiga su actuación, la noticia no termina con la amenaza.

Ahí es precisamente donde comienza la investigación.

Redacción Reportaje Veracruzano