DEL ROBO AL COBRO: FAMILIA DE PETROMEX DENUNCIA PRESUNTO NEGOCIO CON SU CAMIONETA RECUPERADA
Primero les quitaron el vehículo; ahora aseguran que les exigen hasta 30 mil pesos para poder recuperarlo. La familia reclama una investigación y pregunta: ¿quién está lucrando con el dolor de las víctimas?
Poza Rica, Ver.— El robo de una camioneta terminó convertido, para una familia de la colonia Petromex, en una segunda pesadilla: aseguran que después de que la unidad fue localizada por autoridades estatales, ahora enfrentan presuntas exigencias económicas que alcanzarían los 30 mil pesos para obtener la documentación de liberación y finalmente sacar el vehículo del corralón.
El caso abre una pregunta incómoda que las autoridades deberán responder con precisión: ¿qué ocurre después de que un ciudadano recupera un vehículo robado y quién está cobrando —si es que alguien lo hace— por devolverle lo que legalmente le pertenece?
De acuerdo con el testimonio de familiares, Pedro Daniel Marqués Hernández salió de su domicilio en Petromex y posteriormente dejó la camioneta estacionada en la colonia Obrera, cerca de su centro de trabajo.
Horas más tarde recibió la noticia de que la unidad había desaparecido.
Tras confirmar el robo, la familia presentó el reporte correspondiente ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que derivó en un operativo de búsqueda. La camioneta finalmente fue localizada en la localidad de Totolapa, municipio de Tihuatlán.
Hasta ahí, la historia parecía tener un desenlace favorable.
Pero la recuperación física de la unidad, según los denunciantes, habría dado paso a otro problema.
La camioneta fue trasladada a un corralón como parte del procedimiento derivado de su localización. Sin embargo, los familiares aseguran que posteriormente les fueron planteados pagos que, en conjunto, ascenderían a 30 mil pesos.
Según su denuncia, 10 mil pesos corresponderían presuntamente a la obtención de la hoja de liberación en instalaciones de la SSP, mientras que otros 20 mil pesos supuestamente serían solicitados en el corralón para entregar físicamente la camioneta.
La acusación, de comprobarse, no sería un simple problema administrativo.
Sería necesario determinar quién solicitó el dinero, bajo qué concepto, quién lo recibiría, si existe algún documento oficial que respalde esos cobros y, sobre todo, si las cantidades exigidas forman parte de tarifas legalmente establecidas o constituyen un cobro irregular.
Porque hay una diferencia enorme entre cubrir gastos oficiales debidamente acreditados y que una víctima de robo tenga que desembolsar miles de pesos para recuperar un bien que las propias autoridades localizaron.
La familia asegura que no cuenta con los recursos para cubrir las cantidades señaladas y decidió hacer público el caso mediante redes sociales. También acudió ante el dirigente de Resistencia Veracruzana en busca de respaldo y acompañamiento.
El reclamo es directo: que las autoridades estatales intervengan, investiguen y determinen responsabilidades.
Y hay una cuestión de fondo que no puede ser ignorada: si alguien está utilizando la recuperación de vehículos robados para imponer cobros fuera de la ley, ¿cuántas víctimas más podrían estar enfrentando el mismo problema sin denunciarlo?
La familia pidió además la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, al considerar que un eventual esquema de cobros irregulares dentro de procedimientos relacionados con vehículos recuperados tendría que ser investigado y frenado de inmediato.
Hasta ahora, de acuerdo con la información proporcionada por los denunciantes, no existe una respuesta oficial sobre el caso ni una fecha concreta para la devolución de la camioneta.
La autoridad tiene ahora la oportunidad de aclarar públicamente cada peso señalado.
Porque si los 30 mil pesos corresponden a derechos, servicios o gastos legítimos, deberán existir fundamento legal, tarifas, recibos y responsables plenamente identificables.
Pero si no existe sustento para esas exigencias, entonces la pregunta cambia de dimensión:
¿quién pretende convertir la desgracia de una víctima en un negocio?
La familia lo resume en una frase que concentra toda la indignación del caso:
“No se puede castigar dos veces a la víctima: primero le roban y después le quieren cobrar por devolverle lo que es suyo”.
Ahora corresponde a las autoridades demostrar que la recuperación de un vehículo robado no se ha convertido, para nadie, en una oportunidad para lucrar con la necesidad y desesperación de sus propietarios.
Redacción Reportaje Veracruzano
