¿CATEO O DESPOJO? DENUNCIAN QUE AGENTES DE LA FISCALÍA SE LLEVARON LOS AHORROS DE UNA MUJER DURANTE OPERATIVO EN BOCA DEL RÍO
BOCA DEL RÍO, VER.- Un operativo ministerial que debía estar respaldado por la legalidad terminó envuelto en una grave denuncia ciudadana: familiares de una mujer acusaron presuntas irregularidades durante un cateo realizado en su vivienda, donde aseguran que desapareció una caja con sus ahorros y hasta un recipiente en el que guardaba monedas.
Los hechos ocurrieron la noche del jueves en un domicilio ubicado sobre la calle Adolfo López Mateos, casi esquina con Miguel Alemán, en la colonia Manantial, donde elementos de la Policía Ministerial irrumpieron para ejecutar una diligencia de la Fiscalía General del Estado, bajo un amplio dispositivo de seguridad.
La controversia comenzó desde la llegada de los agentes. Según el testimonio de la hija de la propietaria, su madre se encontraba trabajando en un restaurante de Medellín de Bravo cuando se realizó el cateo. La joven afirmó que no recibió explicaciones suficientes sobre la intervención ni sobre los motivos por los cuales la vivienda de su progenitora estaba siendo revisada.
Pero lo más delicado vino después.
Al ingresar al inmueble, la hija aseguró haber descubierto que ya no estaba una caja donde su madre guardaba sus ahorros, además de una lata utilizada para reunir monedas de baja denominación. No se trataría, según su versión, de objetos de valor extraordinario, sino del dinero que una mujer trabajadora había conseguido reunir.
La acusación adquiere mayor gravedad por la conducta que la denunciante atribuyó a los agentes cuando intentó exigir una explicación. De acuerdo con su relato, los elementos ministeriales evitaron responder, abordaron sus unidades y abandonaron rápidamente el lugar.
La puerta de la vivienda también habría resultado dañada durante la intervención, situación que incrementó la inconformidad de la familia.
Mientras tanto, en los alrededores permanecían desplegados elementos de la Policía Estatal, Policía Naval, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, corporaciones que participaron en el dispositivo de seguridad y que también se retiraron posteriormente.
LAS PREGUNTAS QUE LA FISCALÍA NO PUEDE IGNORAR
La denuncia obliga a plantear interrogantes que merecen respuestas institucionales, no evasivas: ¿qué autoridad judicial autorizó el cateo?, ¿qué objetos fueron asegurados y quedaron asentados en el acta correspondiente?, ¿se realizó un inventario de los bienes encontrados?, ¿quién supervisó la actuación de los agentes ministeriales y qué mecanismos existen para esclarecer la desaparición del dinero denunciada por la familia?
Si el procedimiento se ejecutó conforme a derecho, la Fiscalía debe tener documentación suficiente para acreditar qué se hizo dentro del inmueble y qué objetos fueron asegurados. Si existen irregularidades, corresponde investigarlas y deslindar responsabilidades.
La gravedad del señalamiento no permite dar por probado un robo sin una investigación; pero tampoco sería aceptable que una denuncia de esta naturaleza quedara sepultada bajo el argumento de que se trató de un operativo oficial.
Hasta el momento, la acusación proviene de la hija de la propietaria y no se cuenta con una postura oficial de la Fiscalía que permita establecer qué ocurrió con los ahorros señalados.
La autoridad ministerial tiene ahora una obligación elemental: aclarar los hechos, transparentar la diligencia y determinar si el dinero fue asegurado, quedó registrado o efectivamente desapareció.
Porque una orden de cateo no representa un permiso para disponer de los bienes ajenos. La autoridad puede ingresar a un domicilio cuando la ley lo permite, pero también está obligada a responder por cada una de sus actuaciones.
Redacción Reportaje Veracruzano
