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NAHLE CONVIERTE EN SECRETO EL DINERO DEL PALACIO: RESERVAN CONTRATOS, PROVEEDORES Y COSTOS DE LA REMODELACIÓN

Xalapa, Veracruz.— El Palacio de Gobierno de Veracruz tiene nuevos acabados, espacios renovados y una imagen que pudo ser recorrida por las cámaras de los medios de comunicación. Lo que no está a la vista de los ciudadanos es cuánto costó realmente esa transformación. La administración de Rocío Nahle García decidió mantener bajo reserva la documentación financiera de los trabajos, colocando los contratos y las facturas detrás de un argumento de seguridad institucional.

La determinación abre un serio cuestionamiento sobre los límites de la transparencia en el gobierno estatal. ¿Desde cuándo conocer el precio de una obra pública representa una amenaza para la integridad de quien ocupa el despacho principal del Palacio?

La información solicitada comprendía documentos fundamentales para reconstruir el ejercicio del presupuesto: contratos, montos y datos de las empresas proveedoras. El área de Recursos Financieros habría reconocido que realizó la búsqueda correspondiente y encontró los expedientes, pero resolvió no entregarlos.

La negativa resulta todavía más delicada porque tampoco se habría considerado suficiente elaborar versiones públicas de los documentos, es decir, entregar la información financiera y contractual mientras se protegían aquellos datos que eventualmente pudieran comprometer aspectos legítimos de seguridad.

El argumento oficial apunta a posibles riesgos para la gobernadora y los integrantes de su gabinete. Sin embargo, una reserva de esta naturaleza necesita algo más que una afirmación general: requiere sustento jurídico, motivación específica y una explicación de por qué la divulgación de cada información representa un peligro real.

A ello se suma otro señalamiento: el fundamento legal utilizado en la respuesta habría incluido referencias a una legislación de transparencia abrogada, situación que obliga a revisar la legalidad de la determinación y las disposiciones vigentes que debieron aplicarse.

UNA REMODELACIÓN BAJO LA LUPA, PERO SIN CUENTAS A LA VISTA

El proyecto de renovación del inmueble había sido asociado con una inversión superior a los 60 millones de pesos. También se habló de intervenciones adicionales durante el desarrollo de los trabajos, por lo que conocer el costo final resulta indispensable para establecer si el presupuesto inicial fue suficiente o si hubo modificaciones financieras.

Sin contratos, estimaciones, comprobantes de pago y documentación de las adjudicaciones, no existe una base pública completa para conocer cuánto se desembolsó, quién recibió los recursos y bajo qué condiciones se ejecutaron los trabajos.

La controversia tiene un ingrediente adicional: la apertura del propio Palacio para recorridos con representantes de medios de comunicación. Durante esas visitas se pudieron observar y grabar los espacios intervenidos, las oficinas y los salones remodelados.

Así, el Gobierno estatal permitió conocer el resultado físico de la inversión, pero restringió el acceso a los documentos que permitirían evaluar su costo.

No es una diferencia menor. La transparencia de una obra pública no termina cuando se muestra el edificio terminado; comienza también cuando se explica cuánto se pagó, cómo se contrató y quiénes fueron los beneficiarios de los recursos.

EL ESCRUTINIO NO ES UNA AMENAZA

La discusión tampoco se resuelve con invocar la seguridad de la titular del Ejecutivo. La protección de una gobernante y la rendición de cuentas son responsabilidades que deben coexistir. Si determinados datos requieren protección, existen mecanismos legales para reservar únicamente las partes justificadas, sin convertir expedientes financieros completos en información inaccesible.

También quedó en el recuerdo la controversia por la propuesta inicial de denominar uno de los salones en referencia a la condición de primera mujer gobernadora de Veracruz, iniciativa que posteriormente fue descartada después de las reacciones que provocó.

Pero el asunto de fondo es mucho más importante que el nombre de un salón o la apariencia de las instalaciones: se trata del dinero de los veracruzanos.

La administración de Rocío Nahle tiene pendiente despejar interrogantes que no deberían resultar incómodas para ningún gobierno que presuma transparencia: ¿cuál fue el costo definitivo de la remodelación?, ¿qué empresas participaron?, ¿cómo fueron asignados los contratos?, ¿hubo ampliaciones presupuestales y quién las autorizó?

El Palacio de Gobierno puede renovarse por dentro, pero la obligación de rendir cuentas permanece intacta.

Y si conocer el precio del mármol, los acabados y los servicios contratados se considera un riesgo para el poder, entonces el problema ya no está en las facturas: está en la manera en que se entiende la transparencia desde el propio Gobierno de Veracruz.

Porque los recursos públicos no son patrimonio de quien los administra. Son dinero de la sociedad y, por tanto, la sociedad tiene derecho a saber cómo se gastan.

POR MARCO ANTONIO PALMERO ALPÍREZ
REPORTAJE VERACRUZANO

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