San Andrés Tuxtla, Veracruz.– ¿Quién trabaja para el Ayuntamiento y quién estaría utilizando la estructura del poder municipal para construir un proyecto político personal? Esa es la interrogante que comienza a incomodar en Los Tuxtlas, ante los señalamientos sobre Emma Alejandra Ferman Lucho, jefa de la Oficina de Presidencia Municipal, cuya cercanía con el alcalde Rafael Fararoni Magaña ha despertado cuestionamientos por sus percepciones económicas y sus presuntas actividades de promoción política.

De acuerdo con los datos difundidos sobre sus percepciones, Ferman Lucho recibiría 56 mil 624 pesos mensuales por desempeñarse en la Oficina de Presidencia. A esa cantidad se sumarían otros 23 mil 802 pesos correspondientes, presuntamente, a una plaza docente. En conjunto, ambas percepciones representarían 80 mil 426 pesos mensuales.

La cifra obliga a plantear preguntas que no deberían incomodar a ningún servidor público: ¿Cuáles son las funciones que desempeña en cada cargo? ¿Existe compatibilidad de horarios? ¿Cumple efectivamente con sus responsabilidades? ¿Qué institución supervisa que ambos puestos se ejerzan conforme a la normatividad?

Pero el cuestionamiento político va todavía más lejos.

En Los Tuxtlas circulan señalamientos de que la funcionaria estaría recorriendo distintas localidades, ofreciendo obras y promoviendo apoyos a cambio de respaldos para una eventual candidatura a diputada local por Morena.

Se trata de acusaciones que requieren pruebas y una investigación seria, pero que, por su gravedad, merecen una explicación pública. Si las obras y los recursos municipales estuvieran siendo utilizados para construir una candidatura, ya no estaríamos hablando solamente de aspiraciones políticas, sino de un posible aprovechamiento de la función pública con fines electorales.

Y aquí aparece otra pregunta incómoda para Rafael Fararoni Magaña: ¿Su jefa de Oficina de Presidencia está dedicada a cumplir las responsabilidades de su encargo o estaría utilizando su posición y cercanía con el alcalde para posicionarse políticamente?

También se le atribuye al presidente municipal la intención de impulsar a una figura cercana en el Congreso local, con el propósito de contar con una legisladora políticamente alineada con sus intereses. Sin embargo, esa versión tampoco está acreditada y corresponde a sus protagonistas aclararla.

Lo que no puede quedar en el terreno de las evasivas es el manejo de los recursos públicos, la transparencia de las nóminas y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades de quienes cobran del erario.

Morena ha convertido el discurso contra los privilegios y el uso patrimonial del poder en una de sus principales banderas. Por eso, en San Andrés Tuxtla la pregunta es inevitable: ¿se está construyendo un proyecto de representación popular o una candidatura desde las ventajas que proporciona el gobierno municipal?

Los ciudadanos no pagan impuestos para financiar proyectos políticos personales, ni las obras públicas deberían convertirse en moneda de cambio para conseguir respaldos electorales.

Fararoni y su funcionaria tienen la palabra. Los Tuxtlas merecen saber si se trata de una servidora pública que cumple dos responsabilidades laborales y aspira legítimamente a otro cargo, o si existen prácticas que deban ser investigadas por las autoridades fiscalizadoras y electorales.

Porque una cosa es tener aspiraciones políticas y otra muy distinta es confundir el Ayuntamiento con una plataforma de promoción electoral.