635 mujeres olvidadas: las cárceles de Veracruz, un agujero negro de abusos, violencia y omisión estatal
Veracruz, Ver. – Mientras el gobierno de Veracruz presume “sensibilidad” y “voluntad” en materia penitenciaria, 635 mujeres viven diariamente un infierno que la burocracia prefiere ignorar. Son apenas el 7.47% de la población reclusa, pero su sufrimiento es desproporcionado: sobreviven en condiciones insalubres, con agresiones sexuales documentadas, aislamiento indebido y una ausencia total de políticas de reinserción que realmente funcionen.
El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de junio 2025 exhibe la cifra:
- 476 procesadas por delitos del fuero común
- 159 sentenciadas por delitos del fuero común
- 6 procesadas y 12 sentenciadas por delitos federales
Todas ellas dispersas en penales de Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes, Coatepec, Tuxpan, Acayucan, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Papantla, Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco, Chicontepec y Ozuluama. Lugares que, lejos de ser centros de “reinserción social”, funcionan como bodegas humanas donde la dignidad no cabe.
Un Cereso digno para mujeres: propuesta que el gobierno guarda en un cajón
Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras y experto en seguridad, no deja lugar a dudas: urge un penal exclusivo para mujeres, con atención médica integral, pediatría, programas laborales y empoderamiento jurídico. Pero la respuesta oficial ha sido lenta, tibia y profundamente insuficiente.
El activista también exige protocolos reales y confidenciales para atender casos de violencia sexual y aislamiento indebido, así como sanciones contra internos y funcionarios responsables. La CNDH ya ha documentado abusos en las cárceles veracruzanas, pero el sistema judicial y penitenciario sigue actuando como si nada pasara.
El doble castigo: sentencia y abandono
No se trata solo de encierro. Muchas de estas mujeres no tienen sentencia o enfrentan condenas desproporcionadas. Zúñiga advierte la urgencia de un observatorio ciudadano y de derechos humanos que supervise y mida indicadores penitenciarios, así como la capacitación obligatoria del personal en perspectiva de género y trato digno.
Mientras tanto, cada día de inacción significa más agresiones, más enfermedades y más vidas rotas bajo la responsabilidad directa del Estado.
La pregunta que el gobierno no quiere responder
Si el propio gobierno de Veracruz reconoce la gravedad del problema, ¿por qué no destina recursos inmediatos y contundentes para transformarlo? La respuesta parece incómoda: no es prioridad política. Y esa omisión se traduce en que cientos de mujeres sigan encerradas en un sistema que no las rehabilita, sino que las destruye.
En un estado donde se aplaude la “justicia” con discursos, pero se tolera el abuso con silencios, las 635 mujeres presas en Veracruz son un recordatorio incómodo de que la igualdad y la dignidad siguen siendo, para el sistema penitenciario, un lujo que no piensan garantizar.
Redacción Reportaje Veracruzano
