SIMVE lleva la guerra interna de la SEV hasta el ORFIS; denuncian presunta red de abusos, favoritismos y manejo irregular de recursos
Xalapa, Veracruz.— La crisis interna en la Secretaría de Educación de Veracruz escaló a un nuevo nivel. El Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), encabezado por Gerardo Velásquez Maravert, presentó una denuncia formal ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz contra diversos funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz por presuntas irregularidades administrativas, posibles actos de corrupción y uso indebido del aparato institucional.
La acusación, respaldada por trabajadores del Programa Vasconcelos y otras áreas de la dependencia, dibuja un escenario explosivo dentro de la SEV: presuntos despidos arbitrarios, movimientos discrecionales de plazas, posibles redes de favoritismo, utilización política de estructuras administrativas y un probable manejo irregular de recursos públicos.
En el documento entregado al órgano fiscalizador aparecen señalados funcionarios de alto nivel, entre ellos la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa; además de asesores, directores, coordinadores y responsables administrativos vinculados a distintas áreas estratégicas de la dependencia.
La denuncia también incluye a Juan Darío Lemarroy Martínez, Omaira del Ángel Benavides, Rosalba Valencia Cruz, José Manuel Villaseñor Campos, Sofía Enith Quiroz Allende y Adriana Velásquez Flores, entre otros servidores públicos señalados dentro de las líneas de investigación promovidas ante el ORFIS.
El sindicato sostiene que dentro de la SEV podrían estar operando mecanismos de control político y administrativo que habrían derivado en desplazamientos laborales injustificados y posibles prácticas antisindicales, particularmente tras las protestas realizadas por trabajadores del Programa Vasconcelos.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia apunta hacia la presunta utilización del aparato jurídico de la dependencia para intimidar o debilitar la representación sindical, luego de que se promoviera una denuncia penal contra el dirigente del SIMVE tras manifestaciones públicas realizadas en defensa de trabajadores.
La solicitud presentada ante el ORFIS exige una auditoría integral sobre nóminas, asignación de plazas, movimientos de personal y uso de recursos públicos dentro de diversas áreas de la Secretaría de Educación. También pide investigar posibles actos de nepotismo, conflicto de interés, tráfico de influencias y probable utilización indebida del servicio público.
El documento plantea incluso revisar posibles vínculos familiares o redes internas de beneficio dentro de la nómina estatal, en medio de crecientes cuestionamientos sobre cómo se toman decisiones administrativas al interior de la SEV y quiénes terminan beneficiándose del control burocrático de una de las dependencias más poderosas del estado.
La denuncia abre un frente político y administrativo de alto impacto para el gobierno estatal, pues coloca bajo presión a la estructura educativa veracruzana y obliga al ORFIS a revisar si detrás de los conflictos laborales existen únicamente disputas internas o una maquinaria institucional operando bajo presuntas prácticas de abuso de poder y opacidad.
Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido una postura pública detallada sobre las acusaciones presentadas ante el órgano fiscalizador.
Redacción Reportaje Veracruzano
