CONGRESO BAJO SOSPECHA: APARECEN MÁS FAMILIARES EN LA NÓMINA Y ESTALLA NUEVA REVISIÓN INTERNA
Xalapa, Ver.– Lo que comenzó como un caso aislado amenaza con convertirse en una radiografía incómoda del funcionamiento interno del Congreso de Veracruz. La revelación de nuevos familiares de diputados cobrando dentro de la estructura legislativa encendió nuevamente las alarmas sobre posibles prácticas de favoritismo, obligando a la Junta de Coordinación Política a ordenar una revisión exhaustiva de la nómina.
El presidente de la JUCOPO, Esteban Bautista Hernández, confirmó que tras una primera inspección ya fueron detectados dos casos adicionales al de la hija de la diputada morenista Victoria Gutiérrez, situación que ha colocado bajo escrutinio la forma en que se integran las plantillas laborales dentro del Poder Legislativo.
La admisión pública resulta significativa porque confirma que el problema no se limitaba a un solo caso. Por el contrario, abre interrogantes sobre cuántos familiares más podrían encontrarse dentro de una nómina financiada con recursos públicos y bajo qué criterios fueron contratados.
Bautista Hernández intentó contextualizar el asunto señalando que muchos legisladores llegaron acompañados de personal de confianza y que los procesos de alta se realizan directamente ante Recursos Humanos al inicio de la Legislatura. Sin embargo, esa explicación no disipa la principal duda que hoy circula entre la opinión pública: ¿existen mecanismos suficientes para evitar conflictos de interés y garantizar que las contrataciones respondan a méritos profesionales y no a vínculos familiares?
El legislador reconoció que ya sostuvo reuniones con integrantes de su bancada para revisar el tema, mismo que salió a la luz tras los señalamientos realizados por el priista Héctor Yunes Landa. Aunque insistió en que la situación no afecta la operación política de Morena debido a su mayoría calificada, la discusión trasciende la aritmética legislativa y toca un asunto mucho más sensible: la credibilidad institucional.
La polémica también alcanzó los elevados salarios que perciben algunos trabajadores del Congreso. En particular, el caso del asesor Alfredo Corona, quien percibe más de 62 mil pesos mensuales, cifra que supera ampliamente los ingresos de muchos servidores públicos en Veracruz.
Ante los cuestionamientos, Bautista Hernández argumentó que dicho trabajador cuenta con una categoría sindical y derechos laborales adquiridos desde administraciones anteriores, asegurando que su permanencia y nivel salarial provienen de la época en que Juan Javier Gómez Cazarín encabezaba la JUCOPO.
No obstante, la explicación deja abiertas nuevas preguntas sobre la estructura salarial del Congreso, los criterios de asignación de categorías y la transparencia en el manejo de recursos humanos dentro de una institución que constantemente exige rendición de cuentas a otras dependencias.
Mientras tanto, el anuncio de una nueva revisión de la nómina parece confirmar que el Congreso aún no tiene un diagnóstico completo de quiénes cobran, bajo qué condiciones ingresaron y qué vínculos mantienen con los representantes populares.
La investigación interna apenas comienza, pero el hallazgo de más casos demuestra que la primera revisión fue insuficiente. Ahora la gran incógnita es si esta auditoría administrativa llegará hasta las últimas consecuencias o si las irregularidades quedarán sepultadas entre justificaciones burocráticas y acuerdos políticos. Porque cuando los parentescos aparecen en la nómina pública, la exigencia ciudadana ya no es una explicación: es transparencia total.
Redacción Reportaje Veracruzano
