¿REVOCACIÓN CIUDADANA O CARRERA DE OBSTÁCULOS? CONGRESO ENDURECE LAS REGLAS Y DESATA ACUSACIONES DE «BLINDAJE» AL PODER
Xalapa, Ver.— Con el argumento de brindar certeza jurídica al mecanismo de Revocación de Mandato, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que redefine las reglas para activar este instrumento de participación ciudadana. Sin embargo, mientras la mayoría legislativa sostiene que fortalece la democracia, la oposición advierte que los nuevos requisitos podrían convertir el procedimiento en una meta prácticamente inalcanzable.
La modificación al artículo 15 de la Constitución estatal fue avalada con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, estableciendo que la ciudadanía podrá comenzar a reunir firmas durante el mes previo a la conclusión del tercer año de gobierno del titular del Poder Ejecutivo.
La reforma exige que quienes promuevan la revocación obtengan el respaldo de al menos el 10 por ciento de la lista nominal estatal, pero además deberán acreditar que esas firmas estén distribuidas en la mitad más uno de los municipios, donde en cada uno deberán representar como mínimo el 3 por ciento de su padrón electoral. Una vez presentada la solicitud, el OPLE contará con 30 días naturales para verificar el cumplimiento de los requisitos antes de emitir, en su caso, la convocatoria.
Para Morena y el Partido Verde, impulsores de la iniciativa, las nuevas disposiciones evitan que la revocación de mandato sea utilizada con fines políticos o por intereses particulares. Argumentaron que el objetivo es garantizar que exista una verdadera voluntad ciudadana con presencia en todo el estado y no únicamente en las principales zonas urbanas.
No obstante, desde la oposición la lectura fue diametralmente distinta.
La bancada del PRI sostuvo que la reforma incrementa significativamente la dificultad para ejercer un derecho ciudadano, al imponer condiciones territoriales y de respaldo que, en los hechos, podrían volver casi imposible reunir los requisitos exigidos.
En el mismo sentido, Movimiento Ciudadano votó en contra al considerar que se reducen los tiempos para obtener las firmas y que las nuevas reglas fueron diseñadas a conveniencia de la mayoría legislativa, mientras que el PAN insistió en que los mecanismos de participación deberían facilitarse y no endurecerse.
Durante el debate, también surgieron cuestionamientos sobre la falta de claridad respecto de la forma en que el procedimiento será implementado, pese a que la reforma delega buena parte de los detalles operativos a la legislación secundaria.
Aunque el dictamen se presenta como una armonización con los criterios establecidos en la Constitución federal desde 2019, el trasfondo político de la discusión quedó expuesto en el recinto legislativo: para unos se trata de blindar la legitimidad del mandato popular; para otros, de levantar nuevos filtros que podrían dificultar que la ciudadanía ejerza uno de los principales mecanismos de control democrático sobre el poder.
Con la aprobación del Congreso, la reforma deberá seguir el procedimiento constitucional correspondiente antes de su entrada en vigor. Mientras tanto, el debate permanece abierto: ¿las nuevas reglas fortalecen la participación ciudadana o elevan el costo político y operativo de revocar a un gobernante que haya perdido la confianza de la población?
Redacción Reportaje Veracruzano
