Hasta por un chip REPUVE: denuncian cobro de 5 mil pesos y presunta corrupción en Hacienda de Poza Rica
Poza Rica, Ver.— Las oficinas de Hacienda del Estado en esta ciudad vuelven a enfrentar señalamientos ciudadanos por presuntos cobros indebidos, condicionamiento de trámites y maltrato en la atención al público. Una denuncia particular ha puesto el foco en un supuesto pago de 5 mil pesos exigido para destrabar el emplacamiento de un vehículo cuyo chip REPUVE se encontraba dañado.
Según el relato del denunciante, un habitante de Tihuatlán, el problema técnico del chip no se resolvió por la vía institucional. En su lugar, se le habría indicado que debía entregar esa cantidad si quería continuar el trámite y obtener sus placas. El monto, asegura, no se presentó como un concepto oficial, sino como una condición informal para “solucionar” el obstáculo.
Cuando el ciudadano cuestionó la exigencia y manifestó su intención de recurrir a otras autoridades, presuntamente recibió una respuesta intimidatoria: independientemente de con quién hablara, terminaría pagando lo solicitado. El episodio, de acuerdo con la denuncia, no se limitó al cobro; también incluyó maltrato, respuestas groseras y una atención deficiente que profundiza el malestar de quienes acuden a realizar trámites vehiculares.
En los señalamientos aparece el nombre de Pedro Gómez, identificado por ciudadanos como personal vinculado a la recaudación y a quien se atribuyen antecedentes de prácticas similares. También se cuestiona al titular de las oficinas, Abelardo Aguirre Guerrero, a quien se señala de presuntamente permitir o proteger este tipo de conductas. Hasta el momento se trata de acusaciones ciudadanas que requieren investigación y corroboración por parte de las autoridades competentes.
Personas del sector automotriz y usuarios habituales de estos trámites afirman que el caso no sería aislado. Señalan que existirían cobros para facilitar o destrabar gestiones relacionadas con el REPUVE y el emplacamiento, lo que ha generado un creciente clima de desconfianza hacia las oficinas de Hacienda en Poza Rica.
Ante estos hechos, ciudadanos hicieron un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle y a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que ordenen una investigación a fondo. La exigencia es clara: cualquier servidor público que resulte responsable de solicitar dinero a cambio de realizar, agilizar o permitir trámites oficiales debe ser sancionado conforme a la ley. Al mismo tiempo, demandan mayor vigilancia y transparencia para evitar que los ciudadanos sigan siendo víctimas de presuntos abusos y de una atención que, según las quejas, se caracteriza por el maltrato y las respuestas inadecuadas.
La pregunta que permanece abierta es contundente: ¿se trata de un caso aislado o existe una red de cobros dentro de las oficinas de Hacienda del Estado en Poza Rica? La respuesta solo podrá surgir de una investigación formal, seria y sin protecciones.
Redacción Reportaje Veracruzano
