Dos contratos, anticipos millonarios y equipos que no aparecen instalados: la auditoría de 2024 abrió una investigación penal contra quienes resulten responsables. El expediente coloca bajo la lupa el manejo de recursos durante el gobierno de Cuitláhuac García

Xalapa, Veracruz.— Hay cifras que no admiten maquillaje.

56 millones 665 mil 280 pesos.

Ese es el monto que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) llevó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción después de detectar que recursos entregados por los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) como anticipos a un proveedor quedaron sin la debida amortización, recuperación o comprobación.

No se trata de una diferencia contable menor.

No se trata de un recibo extraviado.

No se trata de una observación de rutina.

Se trata de más de 56 millones de pesos del erario que, al cierre de la revisión, no estaban debidamente acreditados ante el órgano fiscalizador.

Y detrás de esos millones hay dos contratos celebrados en 2024, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, para instalar infraestructura energética en hospitales públicos de Veracruz.

El expediente ya cruzó una frontera: ORFIS presentó una denuncia penal.

El dinero salió. La infraestructura no apareció

Los documentos revisados por el órgano fiscalizador colocan en el centro del caso a Grupo Antber, S.A. de C.V.

SESVER le adjudicó dos contratos.

El primero, identificado como SESVER/DA/C-134/2024, contemplaba la adquisición de un sistema fotovoltaico, una planta de emergencia y un sistema de almacenamiento para el Hospital Regional de Coatzacoalcos y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

El anticipo entregado: 16 millones 12 mil 500 pesos.

El segundo, SESVER/DA/C-239/2024, contemplaba sistemas fotovoltaicos para cuatro hospitales:

• Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”.
• Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis Fernando Nachón”.
• Hospital General de Córdoba “Yanga”.
• Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Meza”.

Anticipo:

40 millones 652 mil 780 pesos.

La suma:

56 millones 665 mil 280 pesos.

Exactamente la cantidad que terminó formando parte de la denuncia penal.

Y aquí comienza el verdadero problema.

De acuerdo con la información derivada de la fiscalización, esos anticipos permanecieron pendientes de amortizar, recuperar o depurar.

Pero existe una circunstancia todavía más delicada:

los sistemas fotovoltaicos destinados a varios de esos hospitales no fueron instalados.

La pregunta cae por su propio peso:

¿Cómo puede justificarse el pago anticipado de decenas de millones de pesos por infraestructura que no terminó instalada?

El expediente no nació en una columna: nació en una auditoría

La denuncia no surgió de una disputa política ni de una publicación en redes sociales.

ORFIS la presentó el 14 de julio de 2026, derivada de la observación FM-070/2024/003 DAÑ de la Cuenta Pública 2024.

Y hay una precisión que debe mantenerse intacta:

La denuncia está dirigida contra quienes resulten responsables.

Eso significa que, por ahora, no existe una sentencia contra un funcionario ni contra la empresa contratista.

Pero también significa algo igualmente importante:

el órgano fiscalizador encontró elementos suficientes para llevar el asunto ante la Fiscalía.

Ahora será el Ministerio Público quien deberá establecer si las irregularidades administrativas detectadas constituyen delitos y quiénes participaron, autorizaron, recibieron o dejaron de vigilar los recursos.

Los 56 millones son apenas una parte del problema

El dato más inquietante aparece cuando se observa el contexto financiero.

Al cierre de 2024, SESVER mantenía un saldo de 268 millones 825 mil 684.33 pesos relacionado con anticipos a contratistas y proveedores.

Posteriormente, el organismo presentó documentación para acreditar la amortización de 5 millones 989 mil 182.04 pesos.

Pero después de esa comprobación permanecieron:

262 millones 836 mil 502.29 pesos

pendientes de amortización, recuperación o depuración.

Dentro de ese universo se encuentran los 56.6 millones que dieron origen a la denuncia.

Entonces la historia cambia de dimensión.

Ya no estamos hablando solamente de dos contratos.

Estamos hablando de un problema mucho más amplio en el control de anticipos entregados por SESVER a contratistas y proveedores.

Y eso obliga a formular una pregunta incómoda:

¿Cuántos otros anticipos permanecieron sin comprobar y cuántos terminaron convirtiéndose en daños patrimoniales?

Grupo Antber: el nombre que aparece detrás de los contratos

Grupo Antber aparece como contratista en ambas operaciones.

El valor conjunto de los contratos alcanzó aproximadamente 113.3 millones de pesos.

La mitad de esa cantidad corresponde a los anticipos que quedaron bajo observación.

Y aquí comienza una segunda línea de investigación que todavía requiere respuestas documentales.

¿Quiénes son los accionistas de Grupo Antber?

¿Quiénes eran sus representantes legales?

¿Cuál era su capacidad técnica y financiera antes de recibir esos contratos?

¿Qué experiencia tenía en sistemas fotovoltaicos hospitalarios?

¿Quién evaluó sus propuestas?

¿Quién autorizó los anticipos?

¿Bajo qué procedimiento fueron adjudicados los contratos?

¿Existieron otras empresas participantes?

¿Hubo competencia real?

¿Dónde se encuentran físicamente los equipos?

¿Fueron fabricados?

¿Fueron adquiridos?

¿Fueron entregados?

¿Fueron almacenados?

¿Quién los recibió?

¿Quién certificó su instalación?

Las respuestas a esas preguntas pueden determinar si estamos ante un incumplimiento contractual, una deficiente supervisión administrativa o una operación que pudo haber provocado un daño deliberado al patrimonio público.

El dinero público tiene una característica incómoda: deja huella

Un anticipo de 40 millones de pesos no debería desaparecer dentro de una maraña burocrática.

Debería existir un contrato.

Una transferencia.

Una factura.

Una póliza.

Una cuenta bancaria.

Un proveedor.

Una adquisición.

Un equipo.

Un acta de entrega.

Una instalación.

Una supervisión.

Una fotografía.

Una evidencia física.

Un funcionario responsable.

Una cadena documental completa.

Si la infraestructura no está instalada, entonces la investigación debe seguir el dinero hacia atrás y hacia adelante:

¿Quién recibió los recursos?

¿En qué cuenta terminaron?

¿Qué se compró con ellos?

¿Cuándo se compró?

¿A quién se pagó?

¿Dónde está actualmente lo adquirido?

Y si no existe el equipo, entonces la pregunta es todavía más severa:

¿Qué ocurrió con el dinero?

La Fiscalía tiene ahora la palabra

La carpeta señalada en la información pública como FECOV/473/2026 coloca el caso en una nueva etapa.

ORFIS ya fiscalizó.

La documentación ya fue revisada.

La observación ya existe.

La denuncia ya fue presentada.

Ahora corresponde a la Fiscalía Anticorrupción determinar responsabilidades.

Y no solamente entre funcionarios.

También deberá establecerse qué papel desempeñaron los particulares involucrados en los contratos, quién recibió los anticipos y si existió algún mecanismo para simular, retrasar o incumplir la ejecución de las obras.

Porque si el dinero salió de las cuentas públicas y la infraestructura no llegó a los hospitales, la investigación no puede detenerse en el escritorio del funcionario que firmó un documento.

Debe llegar hasta el último beneficiario.

Hospitales que necesitaban energía, millones que terminaron bajo sospecha

Hay además una ironía difícil de ignorar.

Los contratos estaban destinados a infraestructura energética para hospitales públicos.

Instalaciones donde una falla eléctrica puede significar mucho más que una interrupción administrativa.

Equipos médicos, quirófanos, refrigeración de medicamentos, sistemas de soporte y áreas críticas dependen de energía estable.

Por eso, cada peso destinado a modernizar esa infraestructura tiene una finalidad concreta.

No es dinero abstracto.

Es dinero público destinado a hospitales.

Y cuando una auditoría encuentra que decenas de millones entregados para ese propósito permanecen sin la debida comprobación, la pregunta no es solamente contable.

Es política.

Es administrativa.

Es patrimonial.

Y, ahora, potencialmente penal.

56 MILLONES DE PREGUNTAS

El ORFIS ya hizo una parte de su trabajo.

Ahora falta la más importante.

Determinar qué ocurrió con 56 millones 665 mil 280 pesos.

Determinar quién autorizó los anticipos.

Determinar por qué no fueron debidamente amortizados.

Determinar dónde están los equipos.

Determinar por qué algunos sistemas no fueron instalados.

Determinar si el Estado recibió aquello por lo que pagó.

Y determinar si alguien obtuvo un beneficio indebido.

Porque una denuncia penal no significa que alguien sea culpable.

Pero tampoco puede tratarse como un simple trámite burocrático.

Cuando más de 56 millones de pesos del erario terminan bajo investigación, la sociedad tiene derecho a conocer la ruta completa del dinero.

El dinero salió de las arcas públicas.

Ahora falta saber exactamente dónde terminó.

Los señalamientos contenidos en esta investigación corresponden a observaciones de fiscalización y a una denuncia presentada ante la Fiscalía. La existencia de una denuncia no implica responsabilidad penal ni constituye una sentencia. Corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales determinar los hechos y, en su caso, las responsabilidades individuales.

Redacción Reportaje Veracruzano