BIENESTAR BAJO LA LUPA: FRAUDES A ADULTOS MAYORES Y LA ADVERTENCIA DE CAZARÍN CONTRA EL USO ELECTORAL DE LOS PROGRAMAS
El delegado reconoce que persisten las estafas contra beneficiarios; evita revelar cuántos casos están bajo atención jurídica y lanza un mensaje a funcionarios con aspiraciones para 2027: quien quiera competir, tendrá que dejar el cargo
Xalapa, Ver., 1 de septiembre de 2026.— Los programas sociales que deberían representar un respaldo para los sectores más vulnerables continúan siendo un terreno fértil para quienes buscan aprovecharse de la necesidad y la confianza de los beneficiarios.
El propio delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció que los adultos mayores siguen siendo víctimas de fraudes y anunció que la dependencia brinda asesoría jurídica a quienes resulten afectados.
La declaración ocurre después de que fueran reportadas diversas modalidades de engaño durante la dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto, entre ellas mensajes apócrifos enviados mediante WhatsApp desde números con ladas de Guadalajara y Tijuana para obtener información personal; el denominado “pañuelazo”, aplicado en las inmediaciones de sucursales del Banco del Bienestar, y la actuación de supuestos gestores que cobran entre mil 500 y dos mil pesos por realizar trámites de incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar.
El problema no es menor: se trata de personas que, en muchos casos, dependen de estos apoyos y que pueden convertirse en blanco sencillo para quienes conocen las fechas de pago, los procedimientos de incorporación y las vulnerabilidades de los beneficiarios.
Gómez Cazarín aseguró que la Delegación está brindando acompañamiento jurídico a quienes denuncien haber sido afectados.
“Estamos para ayudar a todos los adultos mayores, a todas las personas con discapacidad y a todos”, sostuvo.
Pero cuando llegó una pregunta particularmente incómoda —¿cuántos expedientes están actualmente bajo atención por estas irregularidades?— el funcionario no ofreció una cifra.
“No tengo el número”, respondió, para después señalar que consultaría el dato con su área jurídica.
Y ahí queda una de las interrogantes que la propia autoridad deberá despejar: si el fenómeno está suficientemente identificado para reconocer sus modalidades, ¿por qué todavía no existe, al menos públicamente, una cifra clara de los casos atendidos?
Porque detrás de cada expediente no hay simplemente un folio administrativo. Hay personas que pueden haber perdido dinero, entregado información personal o quedado expuestas ante delincuentes que lucran con los programas destinados precisamente a protegerlas.
SALUD UNIVERSAL: MÁS DEL 30 POR CIENTO, PERO SIN CIFRA DEFINITIVA
En otro asunto, el delegado informó que el proceso de incorporación relacionado con el acceso a la salud universal ya supera el 30 por ciento en Veracruz.
Explicó que continúan acudiendo a los módulos personas adultas mayores y personas con discapacidad, sectores considerados prioritarios dentro de esta estrategia de credencialización.
Sin embargo, nuevamente evitó proporcionar una cifra consolidada y señaló que los datos oficiales serán presentados por la Presidencia de la República.
La cautela puede entenderse tratándose de cifras que deben ser verificadas y consolidadas; pero también coloca sobre la mesa una exigencia básica para cualquier programa público: datos precisos, verificables y accesibles para saber cuánto se ha avanzado y qué falta por hacer.
CAZARÍN PONE LA LÍNEA ROJA RUMBO A 2027
Donde el delegado sí fue categórico fue en el terreno electoral.
Gómez Cazarín advirtió que ningún funcionario de Bienestar podrá permanecer en el cargo si pretende utilizar su posición para buscar una candidatura en el proceso electoral de 2027.
Afirmó que, hasta ahora, ningún director se ha presentado para solicitar autorización o presentar su renuncia con ese propósito.
Pero aprovechó los micrófonos para establecer una advertencia que apunta directamente hacia el interior de la estructura de Bienestar:
los programas sociales, dijo, no deben utilizarse para obtener ventaja política.
Si algún funcionario pretende participar electoralmente, tendrá que renunciar.
El mensaje adquiere especial relevancia en un escenario donde los apoyos sociales tienen presencia prácticamente en todo el territorio veracruzano y donde la entrega de recursos públicos coloca a los funcionarios frente a miles de ciudadanos.
La frontera es delicada: una cosa es administrar un programa gubernamental y otra muy distinta convertir la necesidad de la población en capital político.
Por eso la advertencia de Gómez Cazarín tendrá que medirse no solamente por lo que se diga en conferencia, sino por lo que ocurra en los municipios.
¿Habrá funcionarios que dejen el cargo antes de comenzar a moverse políticamente? ¿Se vigilará que ningún servidor público condicione, promocione o utilice los apoyos con fines electorales? ¿Habrá sanciones si alguien cruza esa línea?
Son preguntas que inevitablemente acompañarán la operación de Bienestar rumbo a 2027.
“ME INTERESA MÁS CUMPLIRLE A NUESTRO PUEBLO”
Gómez Cazarín aseguró que la dependencia respetará la normativa electoral y sostuvo que la prioridad será continuar con la dispersión de los apoyos.
Este martes, afirmó, comenzó nuevamente el pago para adultos mayores en todo Veracruz.
“Me interesa más cumplirle a nuestro pueblo que andar haciendo raja política”, sentenció.
La frase es contundente. Ahora corresponde que la realidad administrativa esté a la altura de ella.
Porque mientras los adultos mayores enfrentan a falsos gestores, mensajes fraudulentos y estafadores que merodean los puntos de pago, Bienestar tiene una obligación que va mucho más allá de entregar recursos: debe blindar a sus beneficiarios.
Y mientras se aproxima 2027, la vigilancia tendrá que ser doble.
Que nadie convierta una pensión en moneda electoral. Que nadie cobre por un trámite gratuito. Que nadie use la vulnerabilidad de los adultos mayores como negocio. Y, sobre todo, que las promesas de transparencia no se queden en declaraciones: que se traduzcan en cifras, expedientes, denuncias y responsables ante la justicia.
Porque cuando se juega con el dinero y la confianza de quienes más necesitan protección, la tolerancia institucional deja de ser una omisión menor y comienza a parecerse demasiado a complicidad.
Redacción Reportaje Veracruzano
