Cereso de Tuxpan reprobado: CNDH pide al Congreso de Veracruz valorar recursos para corregir deficiencias
Xalapa, Veracruz.— Con una calificación de apenas 3.89 sobre 10, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan quedó entre los penales estatales peor evaluados del país, una situación que llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a solicitar al Congreso de Veracruz que valore recursos presupuestales para atender las deficiencias del inmueble.
La petición fue notificada al Poder Legislativo mediante el oficio 055594, fechado el 1 de octubre de 2026, junto con el Informe Especial IE-I/2026 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El planteamiento contempla fortalecer los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros necesarios para mejorar las condiciones de operación del centro. <Cite refs={[«turn439095search0″,»turn439095search1»]}/>
La solicitud pone el foco en un penal que, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, obtuvo la puntuación más baja entre los 18 centros estatales supervisados en Veracruz y la quinta más baja entre los 261 centros estatales evaluados a nivel nacional. <Cite refs={[«turn439095search0″,»turn439095search3»]}/>
Salud, custodia y prevención de violencia, entre las fallas
Entre los problemas identificados figuran deficiencias en los servicios médicos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de programas para prevenir y atender hechos violentos, así como carencias relacionadas con la alimentación, la higiene y las instalaciones.
La CNDH plantea que la comisión legislativa responsable de elaborar el presupuesto valore los recursos que solicite el Gobierno estatal para atender los factores de riesgo detectados. La petición no significa que el dinero ya haya sido autorizado: corresponde al proceso presupuestal determinar si se asignan fondos y en qué condiciones. <Cite refs={[«turn439095search0»]}/>
El antecedente que encendió las alertas
Las condiciones del Cereso de Tuxpan ya habían quedado bajo escrutinio tras el motín del 2 de agosto de 2025, cuando se registraron disturbios e incendios al interior del penal. El saldo reportado entonces fue de al menos siete personas privadas de la libertad fallecidas y 11 lesionadas.
En su posicionamiento posterior a los hechos, la CNDH advirtió sobre posibles prácticas de autogobierno, cobros y extorsiones entre internos, además de señalar deficiencias en la prevención de la violencia, los mecanismos para presentar quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y la supervisión de las instalaciones. <Cite refs={[«turn439095search2″,»turn439095search8»]}/>
El organismo también llamó a garantizar la atención médica, la alimentación y la higiene de la población penitenciaria, así como a reforzar las medidas para evitar que se repitieran episodios similares.
La respuesta presupuestal, el siguiente punto clave
La petición dirigida al Congreso coloca la atención de las condiciones penitenciarias en la discusión sobre el presupuesto estatal. El reto no se limita a mejorar la infraestructura: también involucra personal suficiente, vigilancia efectiva, atención a la salud y mecanismos para prevenir abusos y hechos violentos.
Por ahora, la solicitud de la CNDH plantea que se valoren los recursos necesarios. El seguimiento legislativo y las decisiones presupuestales permitirán conocer qué medidas se financiarán para atender las deficiencias documentadas en el penal de Tuxpan.
