DE CÓRDOBA AL BANQUETE DE LOS MILLONES: EMPRESA NACIDA CON $50 MIL PESOS RECIBIÓ CONTRATOS POR $322 MILLONES; MORENA Y ARIADNA MONTIEL, BAJO EL ESCÁNDALO
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exhibe una cadena de contrataciones que exige explicaciones: 21 contratos con Bienestar, un contrato millonario con Morena, una dirección comercial en la Central de Abastos donde periodistas encontraron una frutería y una coincidencia política que difícilmente puede ignorarse.
CÓRDOBA, VER.— ¿Cómo pasa una empresa constituida con apenas 50 mil pesos de capital social a convertirse en beneficiaria de contratos por más de 322 millones de pesos? ¿Qué infraestructura, capacidad operativa, experiencia y solvencia respaldaron semejante crecimiento? Y, sobre todo, ¿quién debe explicar por qué una compañía que hizo negocios millonarios con la Secretaría de Bienestar terminó convertida también en proveedora de Morena?
Las preguntas no son producto de una especulación política. Surgen de una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documentó la trayectoria de Grupo Maferefun S.A. de C.V., una sociedad mercantil constituida en Córdoba, Veracruz, cuyo historial de contrataciones coloca bajo escrutinio el manejo de recursos públicos durante la gestión de Ariadna Montiel Reyes al frente de la Secretaría de Bienestar y su posterior llegada a la dirigencia nacional de Morena.
La cifra es demoledora: al menos 322 millones de pesos en contrataciones identificadas entre dependencias federales y el partido oficialista. Una cantidad que obliga a revisar no solamente los expedientes administrativos, sino también los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores que reciben semejantes cantidades de dinero.
Porque una cosa es ganar un contrato conforme a la ley y otra muy distinta es demostrar que existe capacidad material, técnica y operativa para cumplirlo. Precisamente ahí comienza el problema.
DE LOS BOX LUNCH A LOS CONTRATOS MULTIMILLONARIOS
La historia empresarial documentada por MCCI tiene un comienzo particularmente revelador.
Grupo Maferefun fue constituida el 22 de mayo de 2019, en Córdoba, Veracruz, con un capital social de 50 mil pesos. Sus accionistas fundadores fueron Rafael Parra Vera y Paulino Santos González Sánchez. La constitución quedó formalizada ante el corredor público número 15 de Córdoba, de acuerdo con la investigación.
Su objeto social contemplaba, entre otras actividades, la organización de eventos, servicios de logística y participación en licitaciones públicas.
En junio de 2021 llegó su primera gran oportunidad: la Secretaría de Bienestar le adjudicó directamente un contrato por 4.5 millones de pesos para proporcionar alimentos tipo box lunch a población migrante en Chiapas.
Cuatro meses después recibió otros tres millones para suministrar herramientas e insumos.
Lo que vino posteriormente merece una revisión todavía más profunda.
Entre enero de 2022 y abril de 2026, durante el periodo en que Ariadna Montiel estuvo al frente de Bienestar, la empresa obtuvo otros 13 contratos por 190.5 millones de pesos.
Los conceptos fueron diversificándose: abarrotes para Centros de Desarrollo Infantil, mobiliario, alimentos para reuniones de programas sociales y servicios relacionados con las actividades de la dependencia.
Pero hay un dato que no puede pasar inadvertido: los contratos continuaron incluso después de que Montiel dejó la Secretaría de Bienestar.
La administración de Leticia Ramírez Amaya le otorgó otros seis contratos por aproximadamente 109 millones de pesos.
En total, Bienestar concentró 21 contratos por 307.5 millones de pesos entre 2021 y 2026.
A esto se agregaron ocho contratos de otras instituciones federales, entre ellas Conagua, Fonatur y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por aproximadamente 3.1 millones.
La pregunta es inevitable: ¿qué características tenía esta compañía para convertirse en una proveedora recurrente y alcanzar semejante concentración de recursos públicos?
CINCO DÍAS DESPUÉS, MORENA ABRIÓ OTRA PUERTA
La cronología política constituye uno de los aspectos más delicados de la investigación.
El 29 de abril de 2026, Ariadna Montiel anunció su salida de la Secretaría de Bienestar. El 3 de mayo asumió la presidencia nacional de Morena.
Cinco días después, el 8 de mayo, Grupo Maferefun quedó inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral.
La inscripción no demuestra por sí misma ninguna irregularidad: es un requisito para prestar servicios a los partidos políticos. Sin embargo, la cercanía temporal entre ambos acontecimientos adquiere relevancia cuando se conoce lo que sucedió posteriormente.
En junio, Morena contrató a la compañía para gestionar el registro presencial de aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.
El costo documentado fue de 11 millones 431 mil 979 pesos.
El servicio comprendió la organización de actividades en el World Trade Center de la Ciudad de México, salones, mobiliario, iluminación, sonido y otros componentes logísticos.
La solicitud de pago quedó documentada el 14 de agosto de 2026.
No se trata de una cantidad menor por organizar un evento partidista. Son más de 11 millones de pesos que merecen una explicación detallada sobre los servicios contratados, sus costos unitarios, los procedimientos de selección y la comprobación de cada prestación.
Y hay una interrogante política todavía más incómoda: ¿por qué una empresa que había desarrollado una relación comercial millonaria con Bienestar terminó convertida en proveedora de la organización política encabezada por quien había dirigido esa dependencia?
La coincidencia no acredita una instrucción irregular ni un acuerdo ilegal, pero tampoco debería despacharse como un simple acontecimiento administrativo.
LA DIRECCIÓN QUE NO PARECE CORRESPONDER AL TAMAÑO DEL NEGOCIO
Uno de los hallazgos más llamativos de MCCI tiene que ver con la ubicación comercial que la propia empresa difundía en su página de internet.
La compañía señalaba como sede la Nave J82, Pasillo IJ, sección de Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la Ciudad de México.
Periodistas de la organización acudieron al lugar.
¿Lo que encontraron?
Un establecimiento identificado como Casa Rodríguez, dedicado a la comercialización de piñas, sandías y papayas. No encontraron rótulos, oficinas ni referencias visibles que permitieran identificar ahí a Grupo Maferefun.
Su domicilio fiscal, según la investigación, se encontraba en la calle de Braga 87, colonia San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa.
El hallazgo no demuestra que la compañía carezca de instalaciones en otros domicilios ni que haya incumplido sus obligaciones contractuales. Pero sí plantea una cuestión elemental: ¿dónde se encuentra la estructura administrativa y operativa que respalda una contratación de cientos de millones de pesos?
Una empresa que recibe recursos públicos tiene que acreditar que cuenta con los medios para cumplir lo que promete. No basta con existir en un acta constitutiva, aparecer en un registro de proveedores o emitir facturas.
La capacidad de ejecución debe poder verificarse.
EL ESCÁNDALO TAMBIÉN ALCANZA A CÓRDOBA
Que la empresa haya sido constituida en Córdoba, Veracruz, coloca a esta ciudad en el origen de una historia que ahora tiene repercusiones nacionales.
El dato obliga a revisar las condiciones de constitución de la sociedad, sus antecedentes mercantiles, sus accionistas originales y la evolución de sus actividades empresariales.
También sería pertinente conocer si existen otras compañías constituidas ante el mismo fedatario que posteriormente hayan obtenido contratos públicos de dimensiones extraordinarias.
No porque compartir un fedatario represente una irregularidad, sino porque la transparencia exige revisar cualquier patrón que pudiera surgir de los registros mercantiles y de las contrataciones públicas.
La investigación de MCCI identifica al corredor público número 15 de Córdoba como el fedatario que dio fe de la constitución de Grupo Maferefun. Es un dato documental que debe distinguirse de la versión inicial que atribuía el trámite a una notaría pública.
LAS PREGUNTAS QUE MORENA Y BIENESTAR NO PUEDEN IGNORAR
El caso no se resuelve exhibiendo una empresa ni señalando coincidencias políticas. Se resuelve abriendo los expedientes y respondiendo preguntas concretas:
- ¿Qué estudios de mercado justificaron los precios de los 21 contratos de Bienestar?
- ¿Qué documentación acreditó la capacidad financiera, técnica y operativa de Grupo Maferefun?
- ¿Por qué continuó siendo clasificada como microempresa pese al volumen de sus contrataciones?
- ¿Qué mecanismos de supervisión verificaron que los servicios y suministros fueron efectivamente entregados?
- ¿Qué otras empresas participaron en los procedimientos de contratación?
- ¿Cómo se justificó el costo de 11.4 millones de pesos pagados por Morena?
- ¿Quién verificó que los servicios del evento correspondieran efectivamente con lo facturado?
- ¿Existen vínculos empresariales, financieros o personales que deban transparentarse entre los responsables de las contrataciones y los accionistas de la compañía?
Son preguntas legítimas que no pueden sustituirse con discursos sobre austeridad, transformación o combate a la corrupción.
La propia Ariadna Montiel defendió los gastos de las asambleas partidistas al calificarlos como una inversión cubierta por los comités ejecutivos. Sin embargo, cuando se trata de dinero público, la palabra inversión no constituye una explicación suficiente: hacen falta contratos, facturas, entregables y comprobaciones.
PORQUE 322 MILLONES DE PESOS NO SON UNA CIFRA QUE PUEDA DESAPARECER ENTRE OFICIOS, FIRMAS Y JUSTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.
La investigación de MCCI no acredita por sí misma que Grupo Maferefun sea una empresa fantasma, que haya cometido fraude o que exista responsabilidad penal de Ariadna Montiel. Afirmarlo sin pruebas sería irresponsable. Pero tampoco sería periodísticamente aceptable minimizar los hallazgos o dar por explicada una operación de semejante magnitud.
La verdadera prueba para Morena y para las autoridades de Bienestar está en los documentos.
Si todo se hizo conforme a la ley, que exhiban los expedientes completos. Si los servicios se prestaron, que acrediten su ejecución. Si los precios fueron competitivos, que publiquen los estudios que lo demuestren.
Porque la transparencia no consiste en pedir confianza a los ciudadanos. Consiste en demostrar, peso por peso, dónde terminó su dinero.
Y cuando una compañía constituida en Veracruz con 50 mil pesos de capital social termina acumulando contratos por más de 322 millones, la pregunta no es por qué alguien se atreve a investigar.
La pregunta es por qué quienes administraron y contrataron con ese dinero todavía tendrían algo que ocultar.
Redacción Reportaje Veracruzano
