Amenazan e intimidan a periodista en Tatahuicapan mientras cubría protesta ciudadana
Tatahuicapan, Ver. — La libertad de prensa fue nuevamente vulnerada en el sur de Veracruz. El periodista José Guadalupe Ramos Vargas, colaborador de diversos medios informativos en la región, denunció haber sido víctima de amenazas, intimidación y acoso por parte de funcionarios y policías municipales de Tatahuicapan mientras cubría una protesta ciudadana por la toma de las oficinas del programa federal Bienestar.
Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando, en medio de la cobertura del conflicto entre pobladores y operadores políticos ligados al poder local, el reportero fue agredido verbalmente por el director de Protección Civil del Ayuntamiento, Sixto Hernández Guillén, quien acompañado de elementos de la Policía Municipal y otros funcionarios, intentó despojarlo de su celular, lo fotografió sin su consentimiento y le advirtió que “ya lo tenían ubicado” y que debía “cuidarse”.
“Esto no fue un malentendido, fue un acto deliberado para intimidarme. Me amenazaron por hacer mi trabajo”, declaró Ramos Vargas, quien responsabilizó públicamente a Hernández Guillén, a los policías implicados y al entorno del alcalde Eusebio González Hernández por cualquier daño que pudiera sufrir.
La agresión se suma a un historial de ataques: meses atrás, Ramos Vargas fue agredido dentro del Palacio Municipal por el propio alcalde y policías, cuando cubría asuntos de interés público. Además, en días recientes ha sido blanco de mensajes de odio y hostigamiento en redes sociales por parte de simpatizantes del presidente municipal.
Ramos Vargas es un periodista reconocido en el sur del estado, con cobertura en medios como Oliva Noticias, Alor Noticias, La Opinión de Minatitlán y Zaragoza Multimedios, donde da seguimiento a temas de alto interés social, político y de seguridad pública.
El caso representa una violación flagrante a la libertad de expresión y al derecho a la información, pilares fundamentales de cualquier democracia. Por ello, el comunicador pidió la intervención inmediata de autoridades estatales y federales, así como el respaldo de organismos como la CEAPP y Artículo 19, para salvaguardar su integridad y garantizar su derecho a informar sin represalias.
