Rocío Nahle y la crisis policial en Veracruz: ¿seguirá la política de «disparar primero y preguntar después»?
Tres meses han bastado para demostrar que en Veracruz el cambio de gobierno no significó un cambio en la seguridad. La muerte de Pablo Ortigoza, un joven de 19 años asesinado por un policía municipal de Fortín en una presunta revisión de rutina, es una prueba más de que las fuerzas de seguridad siguen operando con brutalidad e impunidad.
El caso recuerda inevitablemente a lo ocurrido con Brando Arellano, el joven de Lerdo de Tejada acribillado por policías municipales dentro de su auto. Dos hechos, dos municipios distintos, pero un mismo patrón: la policía dispara primero y pregunta después.
De Cuitláhuac a Nahle: la herencia sangrienta de una policía descontrolada
Cuando Rocío Nahle García asumió el gobierno de Veracruz, heredó un estado en crisis, con cuerpos policiales marcados por la corrupción y el abuso de poder. Pero lejos de revertir esta tendencia, en solo tres meses ha quedado claro que la violencia institucional sigue intacta.
¿Cuántos muertos más necesita el nuevo gobierno para reconocer que la policía veracruzana no protege, sino que asesina? ¿Cuántos casos más de brutalidad policial deben ocurrir antes de que la administración de Nahle se atreva a depurar de raíz estas corporaciones?
¿Nuevo gobierno, nueva purga policial?
La administración de Cuitláhuac García intentó «limpiar» algunas corporaciones tras escándalos de ejecuciones extrajudiciales, pero los resultados fueron mínimos. Hoy, con Nahle al frente, las ejecuciones a manos de policías siguen apareciendo en los titulares.
Veracruz está harto. La población ya no cree en las promesas de seguridad de un gobierno que permite que jóvenes sean asesinados en la calle, en sus autos, en sus casas, por aquellos que deberían protegerlos.
La pregunta es ineludible: ¿tendrá Rocío Nahle la voluntad política para frenar la brutalidad policial, o se convertirá en cómplice de esta política de sangre?
Redacción Reportaje Veracruzano
