Novia de colaborador de Taddei ganaba más de 97 mil pesos en el INE; ya renunció
Valeria Itzel Ramírez Gallardo dejó su cargo en el Instituto Nacional Electoral (INE) el 25 de octubre, luego de los cuestionamientos públicos sobre su nombramiento, su trayectoria académica y su presunta relación sentimental con Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General.
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, Luna Rosas habría intervenido para favorecer la incorporación de Ramírez Gallardo, quien ocupaba una subdirección vinculada con los procedimientos de remoción de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y asuntos relacionados con la violencia política contra las mujeres.
Los señalamientos cobraron relevancia por las remuneraciones asignadas a ambos funcionarios. Según el directorio del INE, Ramírez Gallardo percibía un sueldo bruto mensual de 97 mil 466 pesos, equivalente a poco más de 72 mil 500 pesos netos.
En el caso de Luna Rosas, su cargo tenía asignada una percepción bruta mensual de aproximadamente 220 mil 395 pesos, mientras que el ingreso neto reportado rondaba los 119 mil 500 pesos, de acuerdo con los datos publicados por el propio instituto.
Otro punto de controversia fue la información sobre la preparación profesional de Ramírez Gallardo. Los reportes periodísticos señalaron que no habría acreditado en dos ocasiones el examen de inducción al INE y cuestionaron la ausencia de una cédula profesional a su nombre en el registro consultado.
No obstante, estos señalamientos no acreditan por sí mismos que la funcionaria incumpliera los requisitos legales del puesto ni que hubiera recibido un nombramiento irregular. Tampoco se ha establecido, en las fuentes consultadas, que cobrara sin desempeñar sus funciones.
La salida de Ramírez Gallardo se produjo en medio de la polémica por las designaciones y remuneraciones dentro del organismo electoral encabezado por Guadalupe Taddei. En la carta de renuncia citada por medios nacionales, la funcionaria atribuyó su decisión a motivos personales, sin que ello constituya una confirmación de las acusaciones difundidas.
El caso mantiene el foco sobre los criterios de selección, los perfiles profesionales y la transparencia en los nombramientos de quienes ocupan cargos directivos dentro de una institución responsable de organizar las elecciones en México.
