Conflicto sin salida: bloquean carretera federal 180 por disputa interna en el Salto de Eyipantla
Una vez más, el acceso a la carretera federal 180 fue interrumpido este jueves por la mañana, luego de que un grupo de ejidatarios del Salto de Eyipantla, liderados por Camilo Málaga Chagala, bloqueara el tramo a la altura de la Universidad del Golfo de México (UGM), en San Andrés Tuxtla, como medida de presión hacia el gobierno estatal.
El trasfondo del conflicto tiene más de un año sin resolverse. En marzo de 2024, derivado de disputas internas entre los ejidatarios y comerciantes ubicados en la parte baja de la cascada, se ordenó el derribo de las escaleras que permitían el acceso al punto turístico. Esta acción, lejos de resolver diferencias, agravó la situación, provocando una severa afectación al turismo regional y al sustento de decenas de familias que dependen de esta actividad económica.
Pese a los esfuerzos del grupo de comerciantes por reabrir el diálogo y encontrar una solución conjunta, las posturas se han mantenido rígidas. El bloqueo de este jueves refleja la persistencia del conflicto y la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades correspondientes.
Durante la jornada, elementos de la Guardia Nacional, Tránsito del Estado y Policía Municipal acudieron al lugar para asegurar la zona. La circulación permaneció detenida durante varias horas, afectando a conductores, transportistas y pasajeros que se dirigían hacia distintos puntos de la región, incluyendo las ciudades de Veracruz y Xalapa.
Más tarde, el delegado de Política Regional, Óscar Torres Aguirre, sostuvo un primer acercamiento con los manifestantes. Sin embargo, los ejidatarios insistieron en que sea un representante directo del gobierno del estado quien encabece una mesa de negociación formal.
Mientras tanto, el Salto de Eyipantla continúa sin acceso completo para visitantes, y el estancamiento del diálogo compromete no solo el desarrollo turístico del lugar, sino también la estabilidad social y económica de la zona. La comunidad local sigue a la espera de una intervención que priorice el bien común sobre los intereses particulares.
