Veracruz encubre la impunidad: Indira Vissac sigue desaparecida y el Estado calla; jueza y Fuerza Civil bajo sospecha
Tezonapa, Ver. – A más de tres años de su desaparición, el caso de Indira Vissac López González, la joven madre y vendedora ambulante de Tezonapa que denunció a elementos de la Fuerza Civil por abuso sexual contra su hija menor de edad, sigue sepultado bajo un manto de impunidad y encubrimiento institucional. El gobierno de Veracruz, pese a la reciente disolución de la Fuerza Civil, no ha dado respuestas claras ni avances sustanciales en uno de los casos más oscuros y dolorosos en la historia reciente de esta corporación.
La desaparición de Indira no fue un hecho aislado, sino un acto de represalia brutal, presuntamente ejecutado por miembros del cuerpo élite de seguridad que ella misma había denunciado por violentar sexualmente a su hija adolescente. Indira salió de su domicilio el 16 de abril de 2021 para vender gelatinas y artesanías. Nunca regresó. Desde entonces, su familia vive un infierno sin justicia, sin verdad y sin paz.
Lo verdaderamente grave es que una jueza local —cuyo nombre se reserva por motivos legales, pero que ha sido señalada por activistas y familiares de la víctima— habría actuado con omisión deliberada, archivando, obstaculizando y encubriendo los procedimientos judiciales derivados de la denuncia. La red de protección institucional tejida alrededor de la Fuerza Civil parece haber incluido también a miembros del Poder Judicial, que lejos de proteger a la víctima, contribuyeron a su desaparición forzada por omisión o complicidad.
¿Y la Fiscalía? ¿Y la Comisión Estatal de Búsqueda?
Ni la Fiscalía General del Estado ni la Comisión Estatal de Búsqueda han dado información contundente. No hay detenidos. No hay culpables. No hay justicia. Peor aún: no hay voluntad política.
Con la disolución de la Fuerza Civil en junio de 2024, se esperaba un viraje hacia la transparencia y la depuración. Sin embargo, el gobierno de Cuitláhuac García y posteriormente el de Rocío Nahle no han asumido responsabilidad ni reabierto los expedientes con enfoque de reparación integral. El nombre de Indira Vissac ha sido borrado de los discursos oficiales.
La impunidad como política de Estado
El caso de Indira revela una constante en el aparato de seguridad y justicia de Veracruz: cuando una mujer denuncia, el Estado no responde; cuando desaparece, el Estado guarda silencio. Cuando se acusa a los cuerpos de élite, se archivan los expedientes, se invisibilizan a las víctimas y se protege a los perpetradores.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado que más de 50 casos de desaparición, tortura y abuso sexual están vinculados a la Fuerza Civil. ¿Cuántas Indiras más debe haber para que el aparato estatal responda?
Exigencias claras:
- Reapertura del caso bajo protocolos de feminicidio y desaparición forzada.
- Investigación a fondo sobre la actuación de la jueza involucrada.
- Comparecencia pública de funcionarios estatales responsables del manejo de este caso.
- Incorporación inmediata del caso al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dado el entorno de riesgo para quienes lo investigan.
Veracruz no olvida.
La desaparición de Indira Vissac no es solo un expediente extraviado: es una herida abierta que grita por justicia. Hasta que no haya verdad, reparación y castigo para los responsables, la justicia seguirá siendo una ficción en este estado dominado por el miedo y la omisión deliberada.
¿Dónde está Indira?
¿Quién protege a los responsables?
¿Por qué calla el Poder Judicial?
La respuesta, por ahora, sigue enterrada bajo el silencio cómplice del poder.
Redacción Reportaje Veracruzano
