“Hasta que nos los entreguen”: diez años de exigencia y silencio tras el Operativo Blindaje Coatzacoalcos
Coatzacoalcos, Ver. — La mañana del 25 de septiembre de 2025 amaneció con el peso de una herida que no sana: diez años han transcurrido desde aquel sombrío día en que decenas de jóvenes desaparecieron bajo el manto del llamado Operativo Blindaje Coatzacoalcos. A una década de distancia, las familias no resignan su dolor ni su reclamo: “Hasta que no los entreguen, ese día los vamos a dejar en paz”, advierten con voz dura frente a los cuarteles policiales.
Aquel 25 de septiembre de 2015 —con memorias borradas por el miedo y crónicas superpuestas— marcó una brecha entre lo que las autoridades afirmaban proteger y lo que efectivamente hicieron: desaparecer personas. Según colectivos de búsqueda y medios locales, más de 30 jóvenes fueron detenidos o arrancados de la vida cotidiana en distintas horas y lugares de la ciudad.
Sin embargo, el dato oficial flota en silencio. El Estado, convertido en espectador cómplice, nunca ofreció un conteo firme ni una rendición completa de cuentas. Las familias calculan: pocos saben, muy pocos responden.
La búsqueda que no cesa
En estos diez años, apenas dos cuerpos han sido identificados en el municipio de Actopan, y esos hallazgos han sido recibidos no como cierre, sino como migajas de justicia. Las madres y padres de los desaparecidos insisten: las disculpas públicas ofrecidas por autoridades estatales o federales saben a hueco, a palabrería que no desentierra cuerpos ni devuelve rostros.
Belén González Medrano, representante del colectivo “Madres en Búsqueda Coatzacoalcos”, no disimula su indignación. “No hay castigo, es lo que exigimos. Hemos estado luchando diez años y seguimos pidiendo justicia”, clamó frente a las instalaciones policiales estatales y municipales, tapizadas con fichas de búsqueda.
El dedo señala a quien comandó
Durante la protesta, el colectivo direccionó su mirada hacia el actual director de la Policía Municipal, Luis Enrique Barrios. Una década atrás, Barrios fungía como comandante de la Policía Naval, y su nombre resuena como pieza clave en la operación de aquel día: “Él sabe qué pasó con nuestros hijos, él sabe dónde están”, exclamó una activista entre gritos y consignas.
La acusación no es menor: apunta al corazón mismo del Estado que debería responder. No es solo reclamo simbólico; es demanda concreta para que quienes detentaron mando rindan cuentas.
El manto institucional es frágil
El Operativo Blindaje no fue una iniciativa aislada: se instala en la cadena de estrategias policiales que prometen seguridad pero vulneran derechos. A la fecha, pocos responsables han sido procesados, y casi ninguno de alto rango ha sido sometido a juicio.
Además, en 2022 se dictó sentencia de 40 años contra cinco marinos por la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, uno de los casos emblemáticos del operativo. Pero ese fallo es la excepción que confirma la regla: en general impera la impunidad.
La CNDH incluso emitió una recomendación a la SEMAR por desaparición forzada en el contexto de Blindaje Coatzacoalcos, reconocimiento formal de que alguna responsabilidad institucional existe. Pero una recomendación no reemplaza una acción: no sustituye una investigación mente a mente, cuerpo a cuerpo, huella a huella.
Memoria contra el lavado institucional
La conmemoración de estos diez años no es un mero acto simbólico: es crónica de una resistencia que no envejece. Las madres caminaron de novo los pasillos policiales, pegando lonas y fichas donde alguna vez operaron retenes, recordando que el poder del olvido también mata.
La pared de una base estatal, la verja de una base municipal: ambas reaparecieron cubiertas de nombres sin rostro, pero con memoria. Y mientras algunas autoridades han intentado mostrar avances en capturas locales —una estrategia de supervivencia mediática—, los familiares saben que el hueso central del caso sigue intacto.
Impunidad estructural, confianza quebrada
Si algo ha demostrado esta década es que la impunidad no es accidente, sino engranaje. Las fuerzas estatales, los mandos policiales, los mecanismos de investigación: todos funcionan con falencias que no son fallas menores, sino grietas con nombre y apellido.
Para Coatzacoalcos y su sociedad, la justicia no es un lujo: es la única herramienta que puede devolver algo que ya no existe —pero que no debe dejar de buscarse. Los desaparecidos no pueden ser cifras estadísticas; sus historias reclaman ser contadas, denunciadas, seguidas hasta su fin.
Y entre reclamo y ausencia, emerge una consigna que no se cansará: “Hasta que nos los entreguen, ese día los vamos a dejar en paz” —una promesa severa, exigente, inquebrantable.
Redacción Reportaje Veracruzano
