Municipalización, agua bajo presión y contratos en la mira: Veracruz entra a una semana clave
Xalapa, Ver.— La administración estatal pisa el acelerador en tres frentes que podrían redefinir el control de servicios y el uso de recursos en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río: la municipalización de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, un freno a las prácticas de las operadoras de agua y la cancelación de un contrato millonario de luminarias que hoy levanta más dudas que certezas.
La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que esta misma semana se concretará el proceso de municipalización de Bruno Pagliai, tras la sesión correspondiente. La decisión, dijo, no es menor: responde al abandono acumulado en una zona estratégica donde la falta de pavimentación y el acceso irregular al agua han deteriorado la operación industrial y la vida cotidiana.
En ese contexto, la mandataria cerró filas con la alcaldesa porteña, Rosa María Hernández Espejo, y puso el foco en un actor que por años ha operado con amplio margen: las concesionarias del servicio de agua. El mensaje fue directo: no habrá tolerancia a incrementos arbitrarios ni a maniobras de control discrecional del suministro.
“El agua es un derecho humano”, subrayó, al tiempo que advirtió que las empresas no pueden “abrir o cerrar llaves” ni ajustar tarifas “a diestra y siniestra”. La postura no es retórica: adelantó que existe respaldo de la Comisión Nacional del Agua para emprender acciones, aunque también llamó a la “sensibilidad” de las operadoras antes de escalar el conflicto.
Pero el golpe más contundente vino en materia de contratación pública. Nahle reveló que el ayuntamiento de Veracruz solicitó apoyo estatal para cancelar un contrato de luminarias valuado en más de 2 mil 800 millones de pesos. La cifra, comparó, rebasa incluso lo que costaría el proyectado puente entre Boca del Río y Alvarado, lo que encendió alertas sobre la viabilidad y transparencia del acuerdo.
“Lo que está mal se aprueba y también se modifica”, sentenció, dejando entrever que la revisión no será cosmética, sino de fondo.
La semana arranca así con una ruta clara: recuperar control institucional en zonas industriales, poner límites a concesionarios de servicios básicos y revisar contratos de alto impacto financiero. En el trasfondo, una apuesta política que busca reposicionar al Estado como árbitro —y no espectador— en decisiones que afectan directamente a miles de veracruzanos.
Redacción Reportaje Veracruzano
