Reacomodo en Bienestar sacude estructuras en Veracruz; afloran tensiones tras cambios ordenados por Gómez Cazarín
Los recientes movimientos en las delegaciones regionales de la Secretaría de Bienestar en Veracruz no solo exhibieron un relevo administrativo. En el fondo, dejaron entrever una disputa silenciosa por el control político y territorial de una de las estructuras federales más sensibles del país: la operación de los programas sociales.
La decisión del delegado federal de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, de remover y nombrar nuevos responsables regionales habría provocado inconformidad interna en oficinas estratégicas del sur del estado, particularmente en Minatitlán y Coatzacoalcos, donde trascendió que las entonces encargadas, María de los Ángeles Prieto Linares y Diana Paulina Osorio, se resistieron inicialmente a abandonar las instalaciones tras notificarse oficialmente los relevos.
Aunque la Delegación del Bienestar no ha emitido una postura pública sobre los presuntos incidentes, versiones surgidas desde el interior de la dependencia apuntan a un ambiente de tensión derivado de una reconfiguración política que va más allá de simples ajustes administrativos.
En los pasillos de la estructura federal comenzó a circular una lectura que pocos se atreven a decir abiertamente: el relevo podría representar un intento de desmontar antiguos grupos de influencia ligados al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien durante años mantuvo peso político dentro de la operación territorial de Bienestar en Veracruz.
Las versiones difundidas sostienen que parte de los cambios obedecen a una estrategia para “depurar” áreas operativas y evitar que los programas sociales continúen funcionando como plataformas de control político regional rumbo al nuevo ciclo de reacomodos dentro de Morena.
La lectura no resulta menor. Bienestar representa hoy una de las estructuras con mayor contacto ciudadano en el país, con presencia directa en miles de comunidades mediante pensiones, becas y apoyos sociales. Controlar esa red territorial significa también poseer capacidad de operación política, movilización y construcción de liderazgo local.
En ese contexto, la llegada de Leticia Ramírez Amaya a la titularidad federal de la dependencia parece haber acelerado ajustes internos en distintos estados, incluido Veracruz, donde convergen múltiples corrientes políticas de Morena que buscan mantener influencia dentro del aparato gubernamental.
Mientras tanto, Gómez Cazarín oficializó una nueva camada de delegados regionales: Margarita Ziga Sánchez asumirá Coatzacoalcos; Romina Gurrión Vázquez, Minatitlán; Henri Christophe Gómez Sánchez, Córdoba; Jaqueline Álvarez Vásquez, Poza Rica; y Marco Antonio Olmos Tovar, Zongolica.
El mensaje político fue directo. El delegado federal pidió a los nuevos responsables trabajar “duro y coordinados” con la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, dejando ver que la nueva etapa de Bienestar en Veracruz buscará mayor alineación con el gobierno estatal.
Detrás del discurso institucional, sin embargo, las señales apuntan a algo más profundo: una disputa por el control territorial de la llamada Cuarta Transformación en Veracruz, donde las estructuras federales continúan siendo pieza clave en la construcción del poder político rumbo a los próximos años.
Por ahora, el silencio oficial sobre lo ocurrido en las oficinas del sur alimenta aún más las suspicacias dentro de una dependencia donde los movimientos internos rara vez son solamente administrativos.
Redacción Reportaje Veracruzano
