SIETE MESES DESPUÉS DEL DESASTRE: GOBIERNO “REGALA” LUZ… PERO DEJA FUERA A LOS QUE LO PERDIERON TODO
La Federación reconoce oficialmente las devastadoras inundaciones en el norte de Veracruz, pero el apoyo llega tarde, limitado y con candados burocráticos que excluyen a miles de damnificados reales
Mientras en el papel el gobierno federal presume sensibilidad social, en las calles del norte de Veracruz crece una pregunta incómoda: ¿de qué sirve un “apoyo” que no alcanza a quienes terminaron desplazados, endeudados o prácticamente borrados por las inundaciones?
El Diario Oficial de la Federación publicó finalmente el acuerdo derivado de las severas lluvias e inundaciones ocurridas entre el 6 y el 11 de octubre de 2025 en la región de La Huasteca, desastre que golpeó a decenas de municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
En Veracruz, la lista es brutal: Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Cazones, Tecolutla, Álamo, Tihuatlán, Naranjos, Pánuco, Misantla, Nautla, Pueblo Viejo, Tantoyuca, Tempoal, El Higo y otros municipios quedaron oficialmente reconocidos como zonas afectadas por inundaciones fluviales y pluviales.
Pero el reconocimiento llegó acompañado de una realidad mucho menos heroica.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad acordaron otorgar un bimestre de energía eléctrica sin cobro… siete meses después de la tragedia.
Sí: siete meses.
Siete meses después de casas inundadas. Siete meses después de familias desplazadas. Siete meses después de perder muebles, electrodomésticos, documentos, negocios y patrimonio construido durante décadas.
Y aún así, el beneficio ni siquiera será universal.
Porque el apoyo sólo aplicará para quienes mantengan el mismo contrato de energía eléctrica.
Traducido al lenguaje de la realidad: quienes tuvieron que abandonar sus viviendas, mudarse, reconstruir en otro sitio o cambiar contrato quedaron prácticamente fuera.
Es decir, mientras más grave fue el daño sufrido, mayores son las probabilidades de no recibir el beneficio.
La paradoja resulta demoledora.
El Estado reconoce oficialmente que ocurrió un desastre regional de gran magnitud… pero al mismo tiempo reduce la ayuda a una condición administrativa: conservar intacto un contrato de luz.
Los damnificados reales no siempre pudieron conservarlo todo. Muchos apenas lograron salvar la vida.
Y la exclusión no termina ahí.
El acuerdo tampoco contempla negocios, comercios pequeños ni servicios públicos. En una región donde miles de familias sobreviven gracias a tiendas, fondas, talleres, papelerías o pequeños emprendimientos, el golpe económico sigue vivo.
Los refrigeradores se dañaron. La mercancía se perdió. Las deudas crecieron. Las ventas colapsaron.
Pero el “alivio” oficial no los incluye.
En los municipios afectados comienza a crecer otra percepción todavía más peligrosa para las autoridades: que este anuncio no nace de una estrategia seria de reconstrucción, sino del aumento de la presión social y del enojo ciudadano acumulado durante meses.
Porque mientras el gobierno habla de apoyos, en muchas colonias la población sigue esperando:
desazolves,
rehabilitación de infraestructura,
reparación de caminos,
apoyos productivos,
vivienda,
y obras reales de prevención.
Las inundaciones de octubre no sólo exhibieron la fuerza de la naturaleza. Exhibieron también décadas de abandono estructural en el norte veracruzano: drenajes insuficientes, crecimiento urbano desordenado, ríos olvidados y una infraestructura incapaz de resistir fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
Por eso la molestia no se apaga con un recibo condonado.
El problema de fondo no es únicamente la electricidad.
Es la sensación creciente de que, para el aparato burocrático, un contrato vigente vale más que una familia desplazada.
Y esa percepción puede convertirse en un costo político mucho más grande que el dinero que hoy intentan ahorrar.
Redacción Reportaje Veracruzano
