Veracruz: la justicia atrapada en expedientes débiles y una impunidad que se fortalece
Mientras Veracruz sigue acumulando episodios de violencia, desapariciones, feminicidios y ejecuciones que estremecen al estado, una pregunta comienza a instalarse con más fuerza en el debate público: ¿qué tan sólida es realmente la capacidad de la Fiscalía General del Estado para investigar y castigar delitos?
La respuesta, al menos desde algunos sectores especializados del derecho penal, resulta inquietante.
El abogado Tomás Mundo Arriasa, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Veracruz, colocó nuevamente bajo la lupa a la institución encargada de procurar justicia en la entidad, al señalar que la Fiscalía veracruzana figura entre las peor evaluadas del país en materia de investigaciones criminales.
Los datos citados por el especialista —basados en análisis de Impunidad Cero y el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del World Justice Project— no sólo exhiben una mala calificación técnica. Revelan algo más profundo: la percepción de un sistema ministerial que continúa operando con deficiencias estructurales en uno de los estados más golpeados por la violencia y la corrupción institucional en las últimas décadas.
La cifra que encendió las alarmas es demoledora: Veracruz apenas alcanzó 0.18 puntos en una escala máxima de 1 en calidad de investigaciones penales.
No se trata únicamente de un número frío en un ranking nacional. Detrás de esa evaluación hay carpetas mal integradas, procesos judiciales vulnerables, víctimas que esperan justicia durante años y presuntos responsables que eventualmente pueden recuperar su libertad por errores técnicos o fallas ministeriales.
La crítica del penalista apunta directamente al corazón del sistema de procuración de justicia: investigaciones sostenidas principalmente en declaraciones testimoniales, con escaso uso de herramientas científicas, técnicas periciales avanzadas y mecanismos modernos de análisis criminal.
En otras palabras, mientras el crimen evoluciona, la capacidad institucional parecería seguir atrapada en métodos del pasado.
Mundo Arriasa advierte que disciplinas como la psicología del testimonio, los análisis de confiabilidad y las llamadas “metapruebas” siguen siendo subutilizadas en Veracruz, pese a que podrían fortalecer procesos judiciales y reducir márgenes de impunidad.
El señalamiento adquiere todavía más peso por el contexto en el que surge.
Las declaraciones aparecen mientras resurgen cuestionamientos sobre el proceso judicial contra Marlon N, señalado como presunto responsable del feminicidio de Monserrat Bendimes, uno de los casos que más indignación provocó en Veracruz y en todo el país.
Versiones difundidas en diversos medios apuntan a posibles inconsistencias o errores en la integración de la carpeta de investigación, situación que podría debilitar jurídicamente el caso.
Y ahí emerge uno de los mayores temores sociales: que expedientes mal construidos terminen convirtiéndose en la puerta de escape perfecta para quienes enfrentan acusaciones graves.
Porque cuando una investigación fracasa, no sólo pierde la Fiscalía.
Pierde la víctima. Pierde la familia. Pierde la sociedad. Y pierde credibilidad un sistema de justicia que desde hace años arrastra una percepción de opacidad, lentitud y fallas recurrentes.
El problema para Veracruz es que esta crisis no ocurre en un vacío. Se desarrolla en un estado donde diariamente se acumulan denuncias por desapariciones, extorsiones, homicidios, secuestros y violencia de género, mientras la ciudadanía observa cómo muchos casos parecen naufragar entre burocracia, negligencia o expedientes endebles.
La gran interrogante ahora no es únicamente cuántos delitos se denuncian.
La verdadera pregunta es cuántos llegan realmente a una justicia sólida, sustentada y capaz de resistir el escrutinio judicial.
Porque en Veracruz, cada carpeta mal integrada no sólo representa un error administrativo.
Puede representar un criminal libre.
Redacción Reportaje Veracruzano
