Álamo, Ver.— Después de meses de incertidumbre para miles de familias golpeadas por las inundaciones de octubre de 2025, el Gobierno federal oficializó un respiro económico: la llamada “tarifa cero” en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, el anuncio, aunque esperado, llega con límites claros que no deben pasar desapercibidos.
El Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo 67/2026, mediante el cual se establece que durante dos meses del ejercicio fiscal 2026 no se cobrará el consumo de electricidad a usuarios domésticos en 109 municipios afectados por las lluvias e inundaciones registradas entre el 6 y el 11 de octubre del año pasado.
En el norte de Veracruz, la medida impacta directamente a zonas severamente golpeadas como Álamo, Tuxpan, Poza Rica y Tihuatlán, así como a una extensa lista de municipios que incluye desde Papantla y Cazones hasta Tantoyuca, Pánuco y Tecolutla. En todos ellos, el desastre natural dejó no solo daños materiales, sino una carga económica persistente en los hogares.
El beneficio, según el documento oficial, será aplicado exclusivamente a usuarios domésticos con contrato vigente durante el periodo de afectación y que continúen activos al momento de recibir el apoyo. Es decir, quedan fuera comercios, empresas y cualquier otro tipo de usuario no residencial.
Aunque el acuerdo no precisa los meses exactos, su entrada en vigor tras la publicación apunta a que el subsidio podría reflejarse en los recibos de mayo y junio. Cabe recordar que, desde las inundaciones, en varias de estas regiones se suspendió la emisión de cobros, lo que generó un compás de espera que ahora se formaliza parcialmente con esta medida.
Pero hay un punto clave: la “tarifa cero” no borra deudas anteriores ni representa un subsidio permanente. Es un alivio temporal, diseñado —según la Secretaría de Hacienda— para mitigar el impacto económico inmediato en las familias afectadas.
En otras palabras, el apoyo llega, pero no resuelve de fondo la vulnerabilidad estructural que cada temporada de lluvias expone en la región Huasteca. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿será suficiente este respiro de dos meses frente a los daños de largo plazo?
Por ahora, la medida representa un gesto institucional que, aunque limitado, reconoce la magnitud de una tragedia que aún no termina de pagarse.
Redacción Reportaje Veracruzano
