XALAPA BAJO SOSPECHA: LA NÓMINA FANTASMA QUE HUELE A DESVÍO, SILENCIO Y PROTECCIÓN POLÍTICA
Xalapa, Ver.— Lo que debía ser un ejercicio de transparencia terminó exhibiendo un pantano administrativo donde nombres, pagos, operadores políticos y presuntos “prestadores de servicios” aparecen mezclados en una lista que hoy levanta una pregunta demoledora: ¿quién está cobrando realmente el dinero público en el Ayuntamiento de Xalapa?
La publicación de la relación de trabajadores y prestadores de servicios profesionales de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Ayuntamiento xalapeño, correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, no sólo dejó al descubierto presuntos privilegios y favoritismos dentro del círculo cercano de la alcaldesa Daniela Griego Ceballos; también abrió la puerta a una posible red de anomalías administrativas donde incluso algunos comunicadores aseguran desconocer que aparecen como beneficiarios de pagos oficiales.
El escándalo estalló luego de revelarse que varios nombres incluidos en los registros de Transparencia afirman no haber recibido dinero alguno, ni haber sido notificados de estar incorporados en la nómina de “prestadores de servicios profesionales”. La gravedad del señalamiento no es menor: si alguien cobró en su nombre, el caso podría escalar hacia presuntas operaciones de simulación administrativa y desvío de recursos públicos.
Mientras la ciudad enfrenta problemas de infraestructura, inseguridad y servicios colapsados, la oficina encargada de manejar la imagen institucional del Ayuntamiento parece operar bajo una lógica de opacidad selectiva. El gobierno municipal publicó parcialmente información de personal, pero continúa sin transparentar los montos de convenios con medios de comunicación, pese a que la ley obliga a hacerlo.
La omisión resulta explosiva porque Comunicación Social es, históricamente, una de las áreas más sensibles para el manejo discrecional del dinero público. Ahí convergen contratos, publicidad oficial, acuerdos políticos y control narrativo.
En medio de esta tormenta aparece el nombre de Emmanuel Santiago Jiménez, titular de la Coordinación General de Comunicación Social, señalado por recibir más de 42 mil pesos mensuales. Las críticas arrecian no sólo por el salario, sino porque se cuestiona públicamente su perfil profesional para ocupar el cargo, mientras desde el propio Ayuntamiento se mantiene bajo llave la información sobre convenios publicitarios.
Pero el verdadero ruido político surge con la aparición de operadores mediáticos vinculados al poder estatal. Entre ellos destaca Víctor Iván Bulmaro Calderón Flores, identificado como cercano al delegado federal de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín. Su inclusión en la lista de pagos del Ayuntamiento de Xalapa desató cuestionamientos debido a que su actividad mediática se concentra principalmente en la región de San Andrés Tuxtla.
La interrogante es brutal: ¿por qué Comunicación Social de Xalapa dispersa recursos públicos hacia perfiles externos cuya presencia informativa en la capital veracruzana es prácticamente inexistente?
El documento también exhibe pagos a distintos comunicadores y colaboradores cuyos montos varían desde cifras menores hasta cantidades superiores a los 20 mil pesos mensuales. Sin embargo, más allá de los nombres, lo que comienza a erosionarse es la credibilidad institucional de una administración que prometió austeridad, honestidad y transformación.
Porque el problema ya no es solamente cuánto se paga.
El problema es quién autoriza, quién cobra, quién aparece sin saberlo y quién se beneficia del silencio.
Fuentes cercanas al ámbito periodístico xalapeño aseguran que varios de los incluidos en la relación oficial ni siquiera mantienen presencia física en la CGCS, mientras otros jamás fueron vistos realizando labores institucionales. Si esto se confirma, el Ayuntamiento podría enfrentar un escándalo de dimensiones políticas y legales mucho mayores.
La ciudadanía xalapeña merece respuestas inmediatas, no comunicados maquillados. Merece saber si los recursos destinados a Comunicación Social terminaron convertidos en una estructura de favores políticos, pagos discrecionales y presuntos nombres utilizados para justificar salidas de dinero.
Porque cada peso oculto en la opacidad no pertenece al gobierno municipal.
Pertenece a los ciudadanos de Xalapa.
Redacción Reportaje Veracruzano
