EL HIGO ESTALLA: 11 COMUNIDADES SE REBELAN CONTRA SU ALCALDESA Y AMENAZAN CON TOMAR EL PALACIO MUNICIPAL
«Somos once comunidades», retumbó este miércoles en las calles de El Higo mientras cientos de habitantes avanzaban hacia el Palacio Municipal para exigir respuestas a lo que califican como abandono institucional, cobros excesivos y promesas incumplidas.
La protesta, integrada por habitantes de 11 de las 25 comunidades del municipio, se convirtió en un abierto desafío político contra la administración de la alcaldesa Juana María Martínez Guerrero, a quien los inconformes acusan de ignorar durante meses las necesidades más urgentes de la población rural.
El reclamo más doloroso sigue siendo el mismo desde octubre de 2025: cientos de familias que perdieron patrimonio, bienes y parte de su estabilidad económica tras las inundaciones continúan esperando apoyos que, aseguran, nunca llegaron.
Mientras las comunidades intentaban reconstruir sus hogares y recuperar lo perdido, los afectados denuncian que las ayudas prometidas por los distintos niveles de gobierno jamás aterrizaron en sus manos.
«Nos dejaron solos», fue una de las expresiones que más se repitió durante la movilización.
Pero la inconformidad no termina ahí.
Los manifestantes acusaron que, paralelamente a la falta de apoyos y obras pendientes, el Ayuntamiento habría incrementado cobros e impuestos por diversos servicios municipales, afectando especialmente a comerciantes y familias de escasos recursos.
Incluso señalaron la existencia de gravámenes y cuotas que, según afirman, no estarían contemplados dentro del reglamento municipal de comercio, situación que consideran un abuso contra una población que todavía intenta recuperarse de las pérdidas sufridas durante las inundaciones.
La molestia social escaló al grado de que los inconformes lanzaron una advertencia directa: si no existe una respuesta inmediata a sus demandas, procederán a la toma del Palacio Municipal.
Además, anunciaron la integración de una comisión que viajará a Xalapa para solicitar la intervención del Gobierno del Estado y del Congreso local, buscando que se revisen las decisiones y actuaciones de la administración municipal.
La protesta exhibe un problema político de fondo: cuando las comunidades sienten que las puertas del Ayuntamiento permanecen cerradas, la presión termina trasladándose a las calles.
En El Higo, el mensaje fue contundente y difícil de ignorar: once comunidades decidieron dejar el silencio atrás y convertir el descontento en movilización organizada.
Ahora la pregunta es inevitable: ¿existirá diálogo y soluciones o el conflicto escalará hasta la toma del Palacio Municipal?
Redacción Reportaje Veracruzano
