DENUNCIÓ EL ABUSO DE SU HIJA Y AHORA LA INVESTIGAN A ELLA: EL CASO ETI 88 SACUDE A MINATITLÁN
Minatitlán, Ver.- La historia que comenzó con una madre exigiendo justicia por el abuso sexual que sufrió su hija dentro de una escuela pública ahora tiene un giro que ha encendido las alarmas: Macaria Cruz López, quien durante años ha denunciado públicamente las presuntas omisiones de autoridades escolares y ministeriales, enfrenta una investigación por presunto maltrato infantil y omisión de cuidado.
La indagatoria contra la madre fue planteada durante la audiencia de vinculación a proceso de Lorenzo “N”, Zabdiel “N” e Iveth “N”, trabajadores de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 88 (ETI 88), señalados por presuntas omisiones frente a la agresión ocurrida en 2023.
De acuerdo con lo expuesto, fue la jueza de control Sonia Lima Santos quien solicitó que se investigara también a Cruz López, una determinación que coloca a la denunciante en una posición inesperada: de madre que reclama respuestas por lo ocurrido a su hija, a persona bajo investigación de la Fiscalía.
El hecho abre una pregunta inevitable: ¿se está investigando una conducta distinta que merece ser esclarecida o el aparato institucional terminó colocando bajo la lupa precisamente a quien durante años exigió que se investigara lo ocurrido dentro de un plantel educativo?
La respuesta tendrá que surgir de una investigación formal y con garantías para todas las partes. Pero el episodio resulta particularmente sensible porque ocurre dentro de un caso que ya arrastra cuestionamientos sobre la actuación de quienes tenían responsabilidades dentro de la escuela.
Los tres trabajadores de la ETI 88 señalados por presuntas omisiones enfrentarán su proceso en libertad, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades que pudieran corresponderles.
La madre acusa una posible represalia
Macaria Cruz López sostiene que la investigación en su contra no es un hecho aislado. Desde su perspectiva, se trata de una consecuencia de haber levantado la voz contra lo que considera una cadena de irregularidades y retrasos institucionales.
La mujer ha señalado públicamente la presunta falta de aplicación de protocolos dentro de la escuela y ha cuestionado el tiempo que tomó avanzar en las investigaciones ante la Fiscalía General del Estado.
Ahora, después de años de insistir en que se esclarecieran los hechos que afectaron a su hija, enfrenta ella misma una investigación.
Es precisamente ahí donde el caso adquiere una dimensión que trasciende el expediente individual.
Porque si existen elementos para investigar a la madre, deben ser esclarecidos con la misma seriedad y rigor que cualquier otra denuncia. Pero si la investigación deriva de una dinámica de confrontación institucional generada por sus reclamos, entonces las autoridades tendrían que explicar con absoluta transparencia por qué una mujer que acudió a las instituciones para exigir justicia terminó incorporada a una investigación penal.
No corresponde a una acusación pública determinar culpabilidades. Tampoco corresponde convertir una investigación en una condena anticipada.
Lo que sí corresponde es exigir que cada una de las actuaciones de las autoridades pueda ser explicada y sometida al escrutinio público, especialmente cuando hay una menor involucrada.
Un expediente con demasiadas preguntas
El caso de la ETI 88 deja sobre la mesa interrogantes que no pueden resolverse con comunicados ni declaraciones políticas.
¿Qué ocurrió exactamente dentro del plantel en 2023? ¿Qué sabían los trabajadores señalados y cuándo lo supieron? ¿Qué protocolos debieron activarse? ¿Se actuó oportunamente? ¿Qué hicieron las autoridades educativas después de conocer los hechos? ¿Por qué el proceso ha avanzado de esta manera? Y, ahora, ¿qué elementos concretos llevaron a solicitar una investigación contra la madre?
Son preguntas distintas, pero todas forman parte de una misma exigencia: que la justicia no tenga doble rasero.
Macaria Cruz López ha manifestado que colaborará con la Fiscalía en la investigación abierta en su contra, pero también dejó claro que no abandonará su exigencia de justicia para su hija.
Y ese es el punto que mantiene bajo presión a las instituciones.
Porque más allá de los nombres, los cargos y las disputas legales, hay una menor de edad en el centro de una historia que comenzó dentro de una escuela pública y que ahora alcanza a funcionarios, trabajadores del plantel, autoridades ministeriales y a su propia madre.
La justicia tendrá que determinar responsabilidades en cada frente. Pero para que exista confianza, ninguna investigación puede parecer una respuesta a quien se atrevió a denunciar.
El caso permanece abierto y será el Ministerio Público, con base en las pruebas y bajo control judicial, quien deberá determinar si existen elementos para proceder contra la madre y contra quienes fueron señalados por las presuntas omisiones.
Mientras tanto, en Minatitlán permanece una pregunta que difícilmente desaparecerá: ¿quién protege a quien denuncia cuando denunciar también puede convertirla en investigada?
Redacción Reportaje Veracruzano
