ERIC DOMÍNGUEZ QUIERE SER EL VIGILANTE DE LOS DINEROS PÚBLICOS… PERO SU PROPIO PASADO FISCALIZADOR LE PISA LOS TALONES
Niega padrinos, rechaza nexos criminales y asegura que sus cuentas están “al 100%”; los expedientes y señalamientos de su trayectoria obligan a revisar algo más que su currículum
Xalapa, Ver.— Eric Domínguez Vázquez quiere llegar a la silla desde la cual se revisan las cuentas públicas de Veracruz y asegura que no necesita padrinos, que su expediente está limpio y que su paso por el Ayuntamiento de Papantla quedó completamente aclarado.
El problema es que, para quien pretende convertirse en el próximo titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), las palabras no deberían ser suficientes.
Porque la pregunta no es únicamente si puede participar legalmente en el proceso.
La pregunta incómoda es otra:
¿Qué tan conveniente resulta colocar al frente del principal órgano fiscalizador del estado a un político cuya trayectoria pública ha estado rodeada de observaciones, acusaciones políticas y cuestionamientos sobre su actuación precisamente en materia de fiscalización?
Domínguez Vázquez, actual subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, confirmó su registro entre los aspirantes a encabezar el ORFIS durante el periodo 2026-2033. Son 28 los perfiles inscritos y corresponderá al Congreso definir al próximo titular.
“TODO ESTÁ AL 100%”: EL MATIZ QUE NO PUEDE OMITIRSE
El funcionario sostiene que las observaciones relacionadas con su administración como alcalde de Papantla ya fueron solventadas.
Y aquí aparece el primer punto que merece una revisión rigurosa.
La actual auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, declaró que las aclaraciones fueron presentadas y que el asunto quedó cerrado, por lo que, desde su perspectiva, Domínguez no enfrenta impedimento legal para continuar en el proceso.
Pero decir que las observaciones fueron solventadas no equivale a decir que nunca existieron.
Reportes basados en el Sistema Público de Consultas de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación han señalado observaciones relacionadas con Papantla por 31 millones 302 mil 321.14 pesos correspondientes a 2022, así como otro monto observado de 56 millones 995 mil 256.52 pesos correspondiente al ejercicio 2024, entonces todavía reportado en seguimiento.
Es decir: el debate serio no debería reducirse a “¿solventó o no solventó?”.
Debe preguntarse qué se observó, qué documentación presentó, qué determinó finalmente la autoridad fiscalizadora y cuál fue el destino de cada peso cuestionado.
Si todo quedó legalmente concluido, que se exhiban los documentos.
Eso no es golpeteo.
Eso es precisamente fiscalización.
EL ANTECEDENTE QUE RESULTA TODAVÍA MÁS INCÓMODO
La aspiración de Domínguez tiene además un antecedente político difícil de ignorar.
En 2019, cuando era diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, su propio compañero de bancada, José Magdaleno Rosales Torres, lo señaló públicamente de presuntamente cobrar “moches” a alcaldes para limpiar observaciones de sus cuentas públicas.
Rosales afirmó entonces que existían presidentes municipales dispuestos a proporcionar información sobre esas supuestas peticiones y sostuvo que en la Comisión de Vigilancia se manejaban cantidades millonarias relacionadas con la solventación de anomalías detectadas por el ORFIS.
¿Hubo una condena judicial contra Domínguez por esas acusaciones?
No es lo que muestran las fuentes consultadas.
¿Significa eso que el señalamiento desaparece de la historia?
Tampoco.
Porque una acusación pública no se convierte automáticamente en culpabilidad, pero tampoco desaparece simplemente porque años después el político involucrado diga que su expediente está limpio.
Y precisamente por tratarse del aspirante a encabezar el órgano que fiscaliza miles de millones de pesos, el estándar de escrutinio debería ser todavía mayor.
“NO TENGO PADRINO”
Domínguez también negó tener respaldo político para alcanzar la titularidad del ORFIS.
Su argumento es que la decisión corresponde exclusivamente al Congreso y que los diputados deberán revisar los expedientes, currículums y entrevistas de los aspirantes.
Formalmente, tiene razón: la designación corresponde al Poder Legislativo.
Pero políticamente queda una pregunta inevitable:
¿Quiénes están impulsando su candidatura y qué intereses existen detrás de cada respaldo?
No basta con preguntar si existe un “padrino” con nombre y apellido. En una designación de esta naturaleza también debería transparentarse quiénes respaldan públicamente a cada aspirante, qué relaciones políticas mantienen y qué compromisos —si alguno— podrían existir.
Porque el ORFIS no es un premio burocrático.
Es el organismo encargado de revisar el uso de los recursos públicos.
Y LUEGO ESTÁ EL CAPÍTULO DEL CRIMEN ORGANIZADO
El otro frente que enfrenta Domínguez son los señalamientos que durante su etapa como alcalde lo relacionaron públicamente con grupos delictivos.
Aquí también conviene separar contundentemente señalamiento de prueba.
Domínguez niega cualquier vínculo y asegura que no existe denuncia formal, antecedente o acusación directa en su contra por esos hechos.
No encontramos en las fuentes consultadas una resolución judicial que establezca que Domínguez pertenezca o haya pertenecido a una organización criminal.
Sin embargo, sí existen antecedentes periodísticos que documentaron señalamientos de esa naturaleza durante su etapa política en Papantla, incluyendo publicaciones que lo relacionaron con grupos criminales de la región.
Y existe un elemento que merece atención periodística independiente: José Miguel Santoyo Hernández, exdirector de Seguridad Pública en San José Miahuatlán, Puebla, fue detenido en diciembre de 2025 y había sido señalado como presunto operador de un grupo criminal con presencia en Papantla. Algunas publicaciones periodísticas han descrito vínculos políticos entre Santoyo y la administración de Domínguez.
Eso no prueba un vínculo criminal de Domínguez.
Pero sí explica por qué la pregunta existe y por qué no puede despacharse simplemente con un “nada que ver”.
EL PROBLEMA NO ES QUE QUIERA EL ORFIS; ES EL ESCRUTINIO QUE EXIGE EL CARGO
Eric Domínguez tiene una trayectoria que incluye el SAT, una diputación local, la presidencia de la Comisión de Vigilancia, la alcaldía de Papantla y actualmente una subsecretaría en SEFIPLAN. Él mismo utiliza esa experiencia como argumento para sostener que conoce tanto la fiscalización como la administración de recursos públicos.
Precisamente por eso debería ser el primero en entender que su candidatura no puede evaluarse únicamente con un currículum.
El fiscalizador también tiene que ser fiscalizado.
Y su expediente debe soportar preguntas incómodas.
¿Qué observaciones recibió Papantla?
¿Cuáles fueron solventadas?
¿Cuáles fueron las pruebas presentadas?
¿Qué determinaciones finales existen?
¿Hay procedimientos todavía abiertos?
¿Quiénes respaldan políticamente su candidatura?
¿Existen conflictos de interés derivados de su actual posición en SEFIPLAN?
¿Y qué ocurrió realmente con las acusaciones que surgieron cuando presidía la Comisión de Vigilancia?
Mientras esas preguntas no sean respondidas con documentos y no únicamente con declaraciones, afirmar que todo está “al 100 por ciento” resulta insuficiente para una sociedad que exige transparencia.
Porque si Eric Domínguez quiere convertirse en el hombre que vigile las cuentas de Veracruz, tendrá que aceptar una regla elemental:
antes de entregarle la lupa, habrá que poner su propio expediente bajo el microscopio.
Redacción Reportaje Veracruzano
