“NO VIVO DE MORENA”… PERO SU FAMILIA COBRA DEL GOBIERNO DE MORENA
EL APELLIDO LÓPEZ OBRADOR YA NO ES EL PROBLEMA: EL PROBLEMA ES QUIÉN LOS METIÓ, CUÁNTO COBRAN Y POR QUÉ NAHLE AHORA TIENE QUE EXPLICARLO
Tres hijos y un yerno de Arturo López Obrador ocupan cargos en la administración estatal; una de sus hijas aparece con una percepción de más de 145 mil pesos mensuales. El gobierno dice que “trabajan”. Perfecto: entonces que enseñen los expedientes.
Por: Reportaje Veracruzano
Hay frases que envejecen mal.
Muy mal.
El domingo, Arturo López Obrador fue increpado en un restaurante de Coatepec y, entre gritos de “¡Fuera Morena!”, respondió molesto que él no vive de Morena y que quienes lo cuestionaban ni siquiera sabían a qué partido pertenecía.
La escena pudo haber terminado ahí.
Un pleito.
Un video viral.
Un episodio incómodo.
Pero entonces apareció la nómina.
Y la nómina, esa cosa tan poco dada a la propaganda, comenzó a contar otra historia.
Porque Arturo puede no militar en Morena.
Puede no cobrar un peso del partido.
Puede incluso tener diferencias políticas con su hermano Andrés Manuel.
Pero tres de sus hijos y uno de sus yernos ocupan actualmente posiciones dentro del Gobierno de Veracruz encabezado por Rocío Nahle.
Y ahí cambió completamente la conversación.
Porque ahora la pregunta ya no es a qué partido pertenece Arturo.
La pregunta es:
¿Cómo llegó su familia a ocupar tantos espacios dentro de un gobierno de Morena?
Y, sobre todo:
¿quién decidió cuánto cobrarían?
NO ES UNO. NO SON DOS. SON CUATRO.
Los registros y reportes periodísticos consultados colocan a Erandi Isabel López Herrería, Tarheni Andrea López Herrería y Pedro Arturo López Herrería dentro de la estructura estatal.
A ellos se suma Leonel Efrén Rivera Pinete, esposo de Erandi y, por tanto, yerno de Arturo López Obrador.
No estamos hablando de una fotografía familiar.
Estamos hablando de cargos públicos.
Erandi López Herrería es rectora de El Colegio de Veracruz.
Tarheni Andrea López Herrería ocupa una subdirección en la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Veracruz.
Pedro Arturo López Herrería trabaja como asesor en la Secretaría de Gobierno.
Y Leonel Rivera Pinete aparece como director de Salud Pública de SESVER.
Ahora viene la parte que verdaderamente incendió el asunto.
145 MIL PESOS.
Sí.
145 mil 322 pesos brutos mensuales.
Esa es la remuneración reportada para Erandi López Herrería durante el segundo trimestre de 2026.
Después de impuestos, la cifra reportada es de aproximadamente 106 mil 433 pesos netos.
Y aquí aparece una de esas comparaciones que políticamente son dinamita:
la percepción neta reportada para la rectora supera el sueldo mensual atribuido a la gobernadora Rocío Nahle.
No estamos diciendo que cobrar más que la gobernadora sea automáticamente ilegal.
No lo es.
Tampoco estamos diciendo que Erandi no tenga capacidad profesional.
Lo que estamos diciendo es algo mucho más sencillo:
si existe una explicación legal, administrativa y presupuestal para semejante remuneración, que la expliquen.
Porque el dinero público no necesita discursos.
Necesita documentos.
Y NAHLE DICE QUE NO SABÍA.
Aquí la historia se pone todavía más interesante.
La propia gobernadora Rocío Nahle salió públicamente a defender la permanencia de los familiares y aseguró que tienen derecho a trabajar como cualquier otra persona.
Hasta ahí, jurídicamente, el argumento es perfectamente entendible.
El parentesco no constituye delito.
Pero Nahle también señaló que desconocía que Erandi López Herrería recibiera una percepción de alrededor de 145 mil pesos mensuales y anunció que revisaría el asunto con la secretaria de Educación.
Y aquí aparece la pregunta incómoda:
¿cómo es posible que la titular del Ejecutivo desconozca cuánto cobra una rectora de un organismo que forma parte de la estructura educativa estatal?
Porque si el sueldo está perfectamente justificado, ¿por qué la gobernadora tuvo que enterarse por la prensa?
¿Quién autorizó esa remuneración?
¿Quién la propuso?
¿Quién la validó?
¿En qué tabulador aparece?
¿Desde cuándo recibe esa cantidad?
¿Hubo modificación salarial?
¿Quién firmó?
Eso es lo que hay que investigar.
“SON GENTE QUE TRABAJA”, DICE AHUED.
Ricardo Ahued tampoco se quedó callado.
El secretario de Gobierno salió en defensa de los familiares.
Dijo, en esencia, que no deben ser juzgados por las diferencias entre Arturo y Andrés Manuel López Obrador y que se les debe evaluar por su trabajo.
También rechazó que sean “aviadores”.
Perfecto.
Que los evalúen.
Pero entonces hagamos la evaluación completa.
No solamente:
“¿Trabajan?”
Sino:
¿Cómo fueron contratados?
¿Quién los recomendó?
¿Quién autorizó sus nombramientos?
¿Qué requisitos acreditaron?
¿Qué experiencia tenían antes de llegar?
¿Cuánto cobraban antes?
¿Cuánto cobran ahora?
¿Hubo concursos?
¿Hubo convocatoria?
¿Hubo otros candidatos?
¿Quién decidió?
Porque decir “trabajan” responde una pregunta.
Pero deja veinte sin contestar.
EL CASO COLVER: AQUÍ ESTÁ UNO DE LOS PUNTOS MÁS DELICADOS
Erandi López Herrería no llegó ayer al COLVER.
Su nombramiento ya había generado cuestionamientos anteriormente.
Reportes periodísticos señalaron que estudiantes cuestionaron si cumplía con determinados requisitos previstos en la legislación aplicable para ocupar la rectoría, particularmente relacionados con estudios de posgrado y antigüedad.
Ahora aparece otro elemento:
la remuneración.
Y entonces las dos preguntas se juntan.
¿Cumplía con todos los requisitos legales para ocupar el cargo cuando fue designada?
Y:
¿cómo se determinó una remuneración que hoy genera tanta controversia?
No se necesita linchar a nadie.
Se necesita revisar el expediente.
Si cumplió, que se demuestre.
Si su salario es legal, que se explique.
Si todo está en orden, asunto terminado.
Pero si hubo excepciones, modificaciones o decisiones hechas a la medida, entonces la historia cambia completamente.
EL YERNO TAMBIÉN ESTÁ DENTRO
Y para quienes pretendan reducir esto a “tres sobrinos de AMLO”, hay que precisar algo.
También está Leonel Efrén Rivera Pinete, esposo de Erandi López Herrería.
Es decir, yerno de Arturo López Obrador.
Rivera Pinete aparece como director de Salud Pública de SESVER. La documentación institucional consultada confirma su incorporación a esa estructura.
Por tanto, la fotografía completa no es:
“un sobrino de AMLO consiguió trabajo”.
Es:
una familia política extendida que tiene presencia en distintas áreas del aparato estatal.
Eso no constituye por sí mismo una ilegalidad.
Pero sí es suficiente para exigir transparencia.
Y AHORA APARECE FINANZAS.
Aquí viene quizá el capítulo más incómodo de todos.
Mientras la polémica crecía alrededor de los salarios, periodistas cuestionaron al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández.
La respuesta no fue una explicación detallada de los tabuladores.
El funcionario evitó responder sobre los cuestionamientos relacionados con los salarios y se retiró del lugar.
Y eso genera todavía más preguntas.
Porque si el salario es legal…
explíquenlo.
Si está dentro del tabulador…
enséñenlo.
Si corresponde al nivel del puesto…
justifíquenlo.
Si la percepción incluye compensaciones, prestaciones u otros conceptos…
desglósenlos.
No hay absolutamente nada revolucionario en pedirle al gobierno que explique cómo gasta el dinero público.
Eso se llama transparencia.
EL DISCURSO CONTRA EL NEPOTISMO AHORA TIENE UN ESPEJO
Y aquí llegamos al verdadero problema político.
Durante años, el discurso de la Cuarta Transformación convirtió el nepotismo, los privilegios y los gobiernos de amigos y familiares en uno de sus blancos favoritos.
Por eso la vara debe ser la misma.
Para los adversarios.
Para los aliados.
Para los amigos.
Para los enemigos.
Y también para los López Obrador.
Porque si el parentesco no influyó en los nombramientos, perfecto.
Demuéstrenlo.
Si fueron contratados exclusivamente por mérito, exhiban los perfiles, concursos, evaluaciones y procedimientos.
Si sus salarios son técnicamente correctos, publiquen los fundamentos.
Si no hubo favoritismo, que la documentación lo confirme.
Pero no intenten cerrar el debate con un:
“son buenos y trabajan”.
Eso no alcanza.
EL APELLIDO NO ES DELITO. EL SILENCIO TAMPOCO ES EXPLICACIÓN.
Aquí hay que ser absolutamente claros.
Ser hijo de Arturo López Obrador no es delito.
Ser sobrino de Andrés Manuel López Obrador no es delito.
Ser yerno de Arturo López Obrador tampoco.
Trabajar para el Gobierno de Veracruz tampoco.
Cobrar un salario público tampoco.
Entonces dejemos de discutir lo obvio.
El punto es el procedimiento.
Porque si el procedimiento fue impecable, el Gobierno tiene una oportunidad extraordinaria para demostrarlo.
Pero si no puede explicar quién contrató, por qué contrató, bajo qué criterios y con qué remuneración…
entonces el problema deja de ser el apellido.
Se convierte en opacidad.
Y ARTURO TENÍA RAZÓN EN UNA COSA
Quizá Arturo López Obrador tenga razón cuando dice:
“Yo no vivo de Morena”.
Puede ser.
Pero ahora hay otra frase que el Gobierno de Veracruz tendrá que responder:
¿Su familia vive del presupuesto de un gobierno de Morena?
La pregunta no es insulto.
No es persecución.
No es golpeteo.
Es una pregunta perfectamente legítima cuando hablamos de dinero público.
Y si la respuesta es:
“No hay ningún privilegio; todo está en regla”, entonces maravilloso.
Que aparezcan los documentos.
Que se conozcan los concursos.
Que se conozcan los criterios.
Que se conozcan los tabuladores.
Que se conozcan las fechas de contratación.
Que se conozcan los perfiles.
Que se conozcan las autorizaciones.
Y asunto cerrado.
Pero mientras eso no ocurra, la historia seguirá creciendo.
Porque ya no estamos ante un video de un restaurante.
Estamos ante una red familiar de cuatro personas vinculadas al aparato estatal, con remuneraciones que han provocado cuestionamientos y con un gobierno que ya tuvo que salir públicamente a defenderlas.
Y ahí está la verdadera bomba:
el gobierno dice que no hay privilegios.
Perfecto.
Ahora que lo pruebe.
Porque en una democracia, el ciudadano no tiene por qué creerle al poder.
El poder tiene la obligación de demostrarle al ciudadano que está diciendo la verdad.
Y esta vez, la verdad no está en Coatepec.
Está en los expedientes.
En las nóminas.
En los nombramientos.
En los tabuladores.
En los concursos.
Y, sobre todo, en una pregunta que todavía nadie responde de manera convincente:
¿CASUALIDAD ADMINISTRATIVA… O EL VIEJO PRIVILEGIO FAMILIAR QUE LA 4T PROMETIÓ DESTERRAR?
Que hablen los documentos.
