LA FISCALÍA, EL TORO Y EL AVISPERO: LOS DOS FRENTES QUE PUEDEN INCENDIAR VERACRUZ
Entre cárteles inmobiliarios, secuestros, alcaldes desaforados y el apellido López Obrador rondando el poder: la FGE tiene enfrente algo más peligroso que una carpeta de investigación… tiene que demostrar que nadie está por encima de la ley.
Por: RV Columnistas | Alejandro Sócrates Hernández Valencia
Hay momentos en la política donde las palabras sobran y los expedientes hablan.
Y Veracruz parece haber llegado a uno de esos puntos.
La Fiscalía General del Estado tiene enfrente una prueba que no se resuelve con conferencias de prensa, boletines ni discursos solemnes. Se resuelve con carpetas sólidas, pruebas que aguanten un tribunal y decisiones que no distingan entre apellidos, partidos, cargos o padrinos políticos.
Porque investigar al ciudadano común puede ser obligación.
Investigar al poderoso es la verdadera prueba.
Y ahí está el detalle.
Hace algunas semanas advertíamos desde este espacio que venían tiempos particularmente complicados para la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
No era una profecía. Era simple lógica.
Cuando una Fiscalía comienza a tocar intereses económicos, políticos y criminales simultáneamente, aparecen los ataques, las filtraciones, las versiones interesadas y, por supuesto, los intentos de convertir al investigador en investigado.
EL CÁRTEL INMOBILIARIO: DONDE EL DINERO SE DISFRAZA DE LEGALIDAD
El llamado “Cártel Inmobiliario” representa uno de los expedientes más delicados.
¿Por qué?
Porque aquí no solamente aparecen nombres del mundo criminal.
La investigación alcanza, según los señalamientos, a un entramado donde pueden cruzarse notarios, abogados, funcionarios, jueces y servidores vinculados al Registro Público de la Propiedad.
Y cuando el delito presuntamente se sirve de instituciones creadas precisamente para darle certeza jurídica a la propiedad, el problema deja de ser únicamente penal.
Se convierte en un problema de Estado.
Porque una cosa es que alguien robe una propiedad.
Y otra muy distinta es que alguien pudiera utilizar sellos, escrituras, registros, influencias y estructuras institucionales para hacer que un despojo parezca legal.
Ahí está la verdadera dimensión del asunto.
Y por eso los cateos importan.
Se habla de 59 cateos realizados en 39 municipios, además de personas detenidas como resultado de estas investigaciones.
Pero aquí viene la pregunta incómoda:
¿Hasta dónde llegará la Fiscalía?
Porque detener presuntos responsables es apenas el principio.
El verdadero éxito llegará cuando las investigaciones puedan sostenerse ante los jueces, cuando las pruebas no se caigan y cuando quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias jurídicas.
La Fiscalía no necesita enemigos.
Necesita resultados que sobrevivan al expediente.
SECUESTROS: AQUÍ NO HAY POLÍTICA QUE VALGA
Y luego está el secuestro.
Uno de los delitos que más terror produce en una familia.
Porque mientras la política discute, mientras los partidos se golpean y mientras las redes sociales fabrican culpables en cuestión de minutos, hay una familia que espera una llamada.
Una víctima que espera regresar a casa.
Por eso, cada rescate con vida representa algo más que una estadística.
Representa una familia que vuelve a respirar.
Pero tampoco aquí hay espacio para triunfalismos.
Las investigaciones deben llegar hasta quienes ordenan, financian, ejecutan y protegen estas estructuras.
El secuestrador que cae es importante. El que manda también tiene que caer.
Y LOS ALCALDES DESAFORADOS…
El expediente político tampoco es menor.
Los casos de los alcaldes desaforados de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, Bertín Bravo y Raúl González, ambos vinculados a Movimiento Ciudadano, colocan a la Fiscalía frente a otro terreno minado.
Aquí el problema no es únicamente investigar.
Es hacerlo sin que la investigación pueda ser utilizada como arma política.
Porque si existen delitos, deben perseguirse.
Pero si las pruebas no alcanzan, tampoco puede fabricarse una condena mediática.
La justicia no funciona por aplausómetro.
Ni por encuestas.
Ni por colores partidistas.
Y ahí está uno de los mayores retos de Jiménez Aguirre:
demostrar que la FGE puede investigar al poderoso sin convertirse en instrumento del poder.
Esa es la frontera.
Y cruzarla en falso puede costarle muy caro a cualquiera.
Y MIENTRAS TANTO… EL APELLIDO LÓPEZ OBRADOR VUELVE A APARECER
Ahora viene el otro incendio.
El político.
El familiar.
El incómodo.
El que no necesita una orden de aprehensión para provocar ruido.
Porque en Veracruz volvió a circular con fuerza el nombre de Leonel Efrén Rivera Pinete, señalado públicamente por su relación familiar con integrantes de la familia López Obrador y por ocupar un cargo dentro de la estructura estatal.
Aquí hay que hacer una precisión indispensable:
los señalamientos sobre supuesto aprovechamiento de influencias, promoción de actividades particulares o beneficios derivados de vínculos familiares deben acreditarse con pruebas y no pueden darse por ciertos únicamente porque circulen en redes sociales o en el llamado “círculo rojo”.
Pero precisamente por eso vale la pena preguntar.
Si un funcionario público participa u organiza actividades privadas, ¿con qué recursos?
¿En qué calidad?
¿A nombre de quién?
¿Existe utilización de infraestructura pública?
¿Se emplea personal gubernamental?
¿Hay vehículos oficiales?
¿Existe alguna gestión institucional detrás?
¿O simplemente se trata de una actividad privada de alguien que además ocupa un cargo público?
Porque esas preguntas tienen una respuesta sencilla.
Documentos.
No rumores.
No gritos.
No propaganda.
Documentos.
EL APELLIDO NO ES DELITO. EL PRIVILEGIO, SI SE ACREDITA, SÍ ES UN PROBLEMA.
Que alguien sea familiar de un expresidente no constituye delito.
Que alguien tenga un determinado apellido tampoco.
Pero si un funcionario utiliza eventualmente una posición pública para obtener beneficios personales, entonces ya no estamos hablando de parentescos.
Estamos hablando de posibles responsabilidades administrativas o incluso penales, dependiendo de lo que realmente haya ocurrido y pueda probarse.
Y ahí es donde las autoridades deberían hacer algo muy sencillo:
investigar.
Sin miedo.
Sin consigna.
Sin protección.
Sin persecución.
Porque si no hubo irregularidad, la investigación debería aclararlo.
Y si la hubo, también.
Lo verdaderamente peligroso sería que el parentesco funcionara como blindaje.
Porque entonces la famosa transformación terminaría pareciéndose demasiado a aquello que durante años se prometió combatir.
VERACRUZ NO NECESITA INTOCABLES
Ese es el punto de fondo.
La Fiscalía enfrenta simultáneamente expedientes criminales de alto impacto y asuntos con enorme sensibilidad política.
Y en ambos terrenos existe una regla de oro:
la ley debe pesar exactamente lo mismo cuando el acusado no tiene apellido famoso, cuando es alcalde, cuando es empresario, cuando es funcionario y cuando tiene conexiones políticas.
Ni más.
Ni menos.
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre tiene enfrente una oportunidad enorme.
Pero también una trampa gigantesca.
Si avanza demasiado rápido, podrán acusarla de fabricar expedientes.
Si avanza demasiado lento, dirán que protege intereses.
Si toca a los poderosos, vendrá el golpeteo.
Si no los toca, vendrá la sospecha.
Así que no hay escapatoria.
La única defensa posible de una Fiscalía es la evidencia.
Que hablen los peritajes.
Que hablen las órdenes judiciales.
Que hablen los documentos.
Que hablen los jueces.
Que hablen las sentencias.
Porque en Veracruz ya no basta con decir que nadie está por encima de la ley.
Hay que demostrarlo.
Y si la Fiscalía realmente quiere entrarle al toro por los cuernos, tendrá que hacerlo sabiendo algo:
el toro no es el único animal que está en el ruedo.
También hay un avispero.
Y algunos de esos avispones tienen apellido, dinero, relaciones y poder.
Redacción Reportaje Veracruzano
