Xalapa, Ver., 25 de agosto de 2025. – Mientras la 4T presume transparencia y combate a la corrupción, Veracruz vuelve a evidenciar que los mismos vicios persisten en sus instituciones. Este 14 de agosto, José Jair Loyo González fue designado como nuevo director general de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Veracruz, pese a su historial marcado por señalamientos de desfalco millonario en su anterior gestión.

Periodistas locales, como Irineo Pérez Melo, señalan que Loyo González habría aprovechado aquel desfalco para disfrutar de unas “merecidas vacaciones en Dubái y Egipto”, mientras la institución educativa bajo su mando era saqueada. Su nombramiento ahora encarna la corrupción estructural que, según denuncias de docentes, impera en la DGETI, particularmente en las áreas de Recursos Humanos, Planeación y Operación.

Las denuncias revelan un patrón sistemático de abuso de funciones, tráfico de influencias y manipulación administrativa por parte de un grupo de funcionarios comandado por Rolando de Jesús López Saldaña, Bertha Ysela Landa Zerecero, Gina Balderas Rodríguez y Samuel Alejandro Colín Ramírez. Según testimonios de docentes que participaron en el proceso de promoción vertical 2025-2026, estos servidores públicos manejan información reservada sobre plazas, horas y movimientos laborales sin autorización, para mantener privilegios y controlar discrecionalmente los procesos internos.

Además, se acusa a estos funcionarios de favorecer a empleados específicos, alterar la equidad en las asignaciones y manipular a personal de menor antigüedad mediante campañas de desprestigio en redes internas y grupos de comunicación institucionales. Esta conducta no solo afecta la transparencia y la correcta administración pública, sino que deteriora el ambiente laboral y consolida un círculo de poder que beneficia intereses personales y de terceros.

La designación de Loyo González refleja la persistencia de prácticas corruptas que supuestamente la 4T prometía erradicar, poniendo en tela de juicio el compromiso del gobierno federal con la honestidad y la eficiencia administrativa en Veracruz. Mientras los docentes denuncian irregularidades y favoritismos, la DGETI se convierte en un ejemplo claro de cómo los cargos estratégicos se utilizan para proteger a funcionarios cuestionados en lugar de garantizar un sistema educativo justo y transparente.

Veracruz, otra vez, paga las consecuencias de la impunidad: un funcionario señalado por desfalco asciende a la cima de un organismo clave, consolidando la corrupción como práctica cotidiana y mostrando que los viejos vicios no desaparecen con cambios de administración.

Redacción Reportaje Veracruzano