Xalapa, Ver.— En medio de un escenario marcado por denuncias, protestas y procesos penales en curso, el debate sobre el desorden financiero en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz volvió a escalar. Esta vez, con un mensaje claro desde el ámbito político: el exsecretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, negó cualquier responsabilidad por lo ocurrido durante su gestión.
El pronunciamiento se da después de que la actual titular de la SEV reconociera ante el Congreso que los problemas administrativos de la UPAV no surgieron de un día para otro y que durante años operó un esquema de cobro de cuotas sin controles suficientes, lo que facilitó prácticas opacas y desorden interno.
Las fallas no quedaron solo en el papel. A finales de 2025, estudiantes y docentes denunciaron públicamente que, pese a haber realizado pagos, sus aportaciones no aparecían reflejadas en los registros oficiales, situación que derivó en movilizaciones y exigencias de claridad en el manejo del dinero.
Frente a ese panorama, Escobar García sostuvo que la supervisión directa de la universidad no recaía en su oficina, sino en áreas subordinadas de la Secretaría de Educación, y aseguró que durante su periodo no se detectaron irregularidades formales en la institución.
El contexto se tensó aún más tras la detención reciente de tres exdirectivos de la UPAV, incluido un exrector que permaneció menos de un año en el cargo, señalados por presuntas irregularidades financieras y ejercicio indebido del servicio público.
Mientras se multiplican los deslindes políticos, la crisis de la UPAV dejó de ser un problema administrativo. Hoy es un expediente penal en marcha que obliga a revisar no solo quién manejó los recursos, sino quién permitió que el desorden se normalizara.
