¿Se clonó? Exfuncionaria de Yunes y Paty Lobeira, señalada por cobrar en dos dependencias de Puebla
Claudia Karen Domínguez Figueroa, quien trabajó en el Ayuntamiento de Veracruz durante las administraciones de Fernando Yunes Márquez y Patricia Lobeira Rodríguez, enfrenta cuestionamientos por presuntamente recibir ingresos de dos dependencias del Gobierno de Puebla en horarios coincidentes.
Una investigación publicada por El Popular documenta que Domínguez Figueroa ocupa el cargo de directora técnica de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por el que percibe un sueldo bruto mensual de 42 mil 660 pesos.
A este ingreso se sumarían más de 180 mil pesos por servicios de capacitación contratados con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), de acuerdo con facturas y documentos citados en el reportaje.
Los cursos de inglés habrían sido programados de lunes a sábado, entre las 9:00 y las 17:00 horas, en la unidad de Tepexi de Rodríguez, mientras que su centro de trabajo como funcionaria se encuentra en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, conocido como C5, en Cuautlancingo.
La distancia entre ambos puntos y la coincidencia de horarios abren interrogantes sobre cómo se habrían compatibilizado las actividades. La investigación también refiere pagos de hasta 365 pesos por hora de capacitación, frente a una tarifa promedio de 150 pesos que atribuye al instituto.
Otro de los puntos señalados es que uno de los contratos incluiría una declaración en la que la prestadora de servicios manifestaba no desempeñar un cargo público, pese a que los registros citados la ubican como funcionaria estatal.
En Veracruz, Domínguez Figueroa ingresó al Ayuntamiento porteño en 2018, durante el gobierno de Fernando Yunes Márquez, y posteriormente estuvo vinculada a las áreas de Desarrollo Económico y Turismo durante la administración de Patricia Lobeira Rodríguez.
Los señalamientos se basan en documentos referidos por la investigación periodística. Hasta el momento, no se ha acreditado mediante una resolución oficial una responsabilidad administrativa o penal, por lo que corresponde a las autoridades esclarecer las condiciones de contratación, los pagos y la compatibilidad de los horarios.
