CÁRTEL INMOBILIARIO BAJO SOSPECHA: DENUNCIA CIUDADANA DESTAPA PRESUNTA RED DE DESPOJOS EN COATZACOALCOS
Coatzacoalcos, Ver. — Una denuncia que huele a impunidad añeja y a presunta ingeniería legal para despojar patrimonios volvió a encender las alarmas en el sur de Veracruz. El ciudadano René Rodríguez Pérez, originario de Minatitlán, interpuso una denuncia penal contra tres abogados que —según acusa— operan en defensa de intereses vinculados al llamado “cártel inmobiliario de los Hillman”, en un caso que se remonta a 2011 y que, lejos de resolverse, se ha enredado en una maraña de recursos legales.
De acuerdo con el denunciante, la disputa comenzó la madrugada del 8 de junio de 2011, cuando —asegura— entre 20 y 30 personas presuntamente pagadas por los interesados irrumpieron con picos, palas y machetes para invadir el predio propiedad de su padre, Raymundo Rodríguez Rentería, colindante con la Gasolinera Transístmica, S.A. de C.V., ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, frente al Mini Cero.
El señalamiento es grave: el operativo habría dejado personas lesionadas, entre ellas Raúl Rodríguez Pérez, hermano del denunciante, quien —según la versión— resguardaba el terreno al momento del presunto despojo.
La carpeta que nunca caminó
René Rodríguez sostiene que, tras denunciar los hechos, el Ministerio Público de la época determinó el no ejercicio de la acción penal, luego de que la empresa gasolinera, por conducto de su accionista Francisco Eduardo Alemán Rasgado, exhibiera una escritura pública que —afirma— estaría sustentada en un antecedente registral falso obtenido del Registro Público de la Propiedad.
Ante ello, el afectado promovió el juicio civil de nulidad 1133/2018 en el Juzgado Primero Civil. Sin embargo, asegura que el proceso se ha visto obstaculizado por una estrategia de litigio que califica como dilatoria.
Más de 80 recursos… y la sentencia que no llega
Según la denuncia, los abogados identificados como Francisco Eduardo N., Edgar N. y Vanessa Elizaberth N. han interpuesto más de ochenta recursos, además de un amparo y dos denuncias penales contra peritos terceros en discordia que no favorecieron su postura.
El objetivo, acusa Rodríguez Pérez, sería evitar que el juez Cristóbal dicte sentencia en favor del propietario original del predio.
Si se comprueba, el caso podría exhibir un patrón preocupante: el uso del aparato jurídico no para defender derechos, sino para congelar la justicia hasta el desgaste del denunciante.
¿Un modus operandi repetido?
La denuncia va más allá de un solo terreno. El ciudadano afirma haber detectado otros predios presuntamente despojados bajo la misma técnica en Coatzacoalcos.
Entre ellos menciona el inmueble donde se ubica la Gasolinera Grupo Playa del Mar, S.A. de C.V., propiedad —según expone— de Patricia del Carmen Gómez Herlindo, litigado en el expediente 2403/2016 en el mismo juzgado.
De confirmarse, no se trataría de un conflicto aislado, sino de un posible esquema sistemático de apropiación inmobiliaria.
Notarios y poder: la zona gris
Uno de los señalamientos más delicados apunta hacia notarios del puerto, quienes —según la denuncia— habrían intervenido en operaciones similares.
El denunciante afirma que estas figuras no han sido investigadas ni por autoridades estatales ni federales, presuntamente por vínculos políticos y familiares con los dueños del Diario del Istmo.
Hasta el momento, no existe pronunciamiento público de los abogados señalados ni de las empresas mencionadas.
Presunción de inocencia… pero preguntas urgentes
Es indispensable subrayar que todas las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que la autoridad competente determine lo contrario. Sin embargo, la acumulación de señalamientos, expedientes y recursos legales descritos en la denuncia abre interrogantes que las instituciones no pueden seguir pateando.
Porque cuando la justicia se aplaza durante años, cuando los expedientes se empolvan y cuando los ciudadanos denuncian sentirse rebasados por estructuras legales aparentemente interminables, la pregunta ya no es menor:
¿Estamos ante litigios legítimos… o frente a un sofisticado mecanismo de desgaste para apropiarse de la tierra ajena?
La pelota, una vez más, está en la cancha de las autoridades de procuración y administración de justicia de Veracruz. Y el reloj —para la credibilidad institucional— sigue corriendo.
Redacción Reportaje Veracruzano
